El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto un expediente en relación con el caso de cinco bloques de pisos de la ciudad cuyos vecinos reclaman a la consejería de Fomento y Vivienda la subvención comprometida para poder rehabilitar sus edificios. En una comunicación del pasado 3 de junio, aún firmada por José Chamizo, la institución informa de que estudiará la situación.

Cuatro bloques se encuentran en El Saladillo, en la calle Federico García Lorca, y uno en La Piñera, en la calle Iro. Los cinco suman aproximadamente 215 familias residentes, casi 200 los de El Saladillo. En junio de 2009 las comunidades de vecinos firmaron sendos convenios con la entonces delegación provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio para la reforma de los inmuebles. Los propios convenios detallan que eran actuaciones ofrecidas en el marco de los programas de rehabilitación de vivienda de la Junta.

La consejería se hacía cargo del 75% de la financiación de las obras (300.000 euros) y las comunidades de vecinos afrontaban el 25% restante (100.000 euros por lo tanto). La parte de los residentes se debía ingresar en una cuenta finalista de forma previa a los abonos por parte de la administración regional.

Ocurre, según han contado a este diario los administradores de fincas de estos inmuebles, que la Junta no aporta la subvención prometida por carecer de fondos. Por un lado no han podido comenzar los trabajos y, de otra parte, las cuentas han sido embargadas por el cobro de las licencias de obras, algo que también denuncian los representantes de los residentes al haberse comprometido en su día el Ayuntamiento a no reclamar las de estos proyectos.

Lo que sobre todo remarcan los vecinos es que sus edificios requieren de reformas de manera perentoria y se encuentran sin poder actuar. Y, cuando la urgencia es máxima, proceden con parcheos, que definen como una pérdida de dinero porque conciernen a aspectos que están dentro de los proyectos paralizados.

Los administradores de las fincas, Lourdes Pérez Carrasco e Ignacio Pérez de Vargas, detallan que uno de los bloques ha decidido pedir que se le devuelva el dinero, con lo que se arriesga a perder la subvención firmada, y que otro incluso valora acometer las obras por su cuenta por su enorme necesidad.

Los residentes han solicitado a la delegación territorial que se pueda liberar su parte del dinero para iniciar una suerte de primera fase de los proyectos, que estaría afecta al convenio. Sus representantes señalaron que el responsable de la consejería en la provincia, Manuel Cárdenas, les ha trasladado que esta opción es factible. La delegación explicó ayer a este diario que prefiere no hacer comentarios aún públicamente.

Los administradores, no obstante, se preguntan qué pasará con el dinero embargado y con la subvención en sí. Entienden que el convenio firmado respaldaba la dotación de fondos.