Algeciras

Condenado un clan de Almería que introducía hachís por Algeciras

  • Las penas  impuestas a los seis acusados oscilan entre los nueve años y medio y los cuatro años y siete meses de prisión, además del pago de multas de tres millones de euros

Narcolanchas apiladas en Algeciras en una imagen de archivo. Narcolanchas apiladas en Algeciras en una imagen de archivo.

Narcolanchas apiladas en Algeciras en una imagen de archivo. / E.S.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a los seis miembros de un clan con residencia habitual en Almería que, concertados con otras personas en Marruecos, se dedicaban a gestionar la introducción de grandes cantidades de hachís en España por Algeciras, para posterior guarda y custodia, y distribución entre terceros.

El matrimonio cabeza de familia se encargaba, según considera probado el tribunal, de permanecer en contacto con los "dueños del hachís" en Marruecos y de organizar la recepción de la sustancia en España para entregarla a intermediario de "quienes recibían el pago que trasladaban clandestinamente a Marruecos donde los distribuían entre los remitentes del hachís" y ellos mismos.

La sentencia señala que en todas las gestiones de transporte, de ocultación, cobro y desplazamiento del dinero recibido entre los años 2017 y 2018 participaron una hija y el yerno de los dos principales acusados, quienes enfrentan penas que suman nueve años y medio de prisión, y pago de multa de tres millones de euros, así como otra pareja con la que tienen relación familiar.

El tribunal condena a los acusados por delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y, en uno de los casos, por atentado a la autoridad y por delito contra la seguridad vial.

Según desgrana la Sección Segunda en su fallo, cuando había que hacer los portes de la droga, los dos principales acusados permanecían en Almería "en contacto tanto con los otros cuatro acusados, desplazados a Algeciras " como con los remitentes "desconocidos" en Marruecos, y desde su base "indicaban tanto en lugar donde se produciría la entrega como el modo y las condiciones de seguridad preestablecidas para el contacto".

Las detenciones se produjeron en diciembre de 2018 en el marco de un operativo preparado por la Guardia Civil que les dio el alto en el Polígono Industrial de San Rafael. Fue entonces cuando el conductor "desobedeció la orden y realizó una "brusca maniobra de evasión, marcha atrás y luego hacia delante, en la que golpeó en la mano a un agente" para, posteriormente, tomar una rotonda a "gran velocidad, en sentido contrario", provocando de dos coches que venían de frente "tuvieran que frenar" y colisionando con un tercero al que causó daños tasados en casi 800 euros.

En esta operación, cuatro de los acusados habían cargado en Algeciras su vehículo con "diez fardos de hachís, colocados en los asientos traseros y en el maletero" y habían emprendido el viaje de retorno a Almería usando otro turismo de "lanzadera para tratar de asegurar el trayecto, para lo que daban información constante de cómo se encontraba la carretera".

Cuando ya estaban en Almería, los dos cabecillas, que habían mantenido contacto telefónico con los coches realizando indicaciones sobre el destino final de la droga, saliendo al encuentro "para realizar labores de contravigilancia y seguridad en la llegada del cargamento de hachís hasta Huércal de Almería, destino final".

Además de los fardos hallados en uno de los vehículos, con un peso de 296,1 kilos y un porcentaje de THC del 26,87, los agentes hallaron en los registros domiciliarios otros 95,2 gramos de hachís y declaraciones de movimientos de pago de 150.000, 69.000 y 40.000 euros.

El tribunal también considera probado que las dos viviendas que adquirieron mediante cheques nominativos con dinero declarado en la frontera procedía de la "ilícita actividad que ejercían" aunque lo hicieron pasar como "ahorros y herencias", por lo que ordena el comiso de ambos inmuebles, así como del dinero intervenido y de los vehículos.

Las penas de prisión impuestas a los seis acusados oscilan entre los nueve años y medio de cárcel y los cuatro años y siete meses de prisión, además del pago de multas de tres millones de euros

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