El Ayuntamiento de Algeciras asegura que los vertidos de lixiviados del antiguo vertedero de El Cobre no están causando afección ni a la población ni al medio ambiente, no afectando ni al arroyo La Cava ni a la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones. Así se recoge, asegura, en las auditorías encargadas por el Consistorio y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para conocer el alcance del daño causado por esos vertidos, el origen de los mismos y las posibles soluciones. Esto contrasta con los problemas recogidos en los informes de la Guardia Civil y la Consejería de Medio Ambiente, en los que se alerta del potencial daño al medio ambiente ante la llegada de los lixiviados al arroyo.

Así lo explicó ayer por la mañana la delegada municipal de Medio Ambiente, Laura Ruiz, tras declarar ante el juez en las diligencias previas abiertas sobre los lixiviados producidos en el vertedero. Según remarcó el Ayuntamiento en un comunicado, la edil contestó a todas las preguntas tanto de la jueza, como del Ministerio Fiscal y del letrado de la defensa. No compareció Agaden, a pesar de ser la entidad que interpuso la denuncia. Fuentes de la entidad ecologista explicaron que decidió que su letrada, la concejal no adscrita María José Jiménez, no acudiera a la declaración visto lo ocurrido en la declaración de otra edil, Eva Pajares, por los vertidos a la playa de Los Ladrillos, cuando se alegó que la condición de concejal y abogada de la acusación eran incompatibles.

En el caso del vertedero, Laura Ruiz lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, en tanto que los dos informes de las auditorías encargadas por el Ayuntamiento y la Mancomunidad a empresas expertas en esta materia, Proamb y CTA, certifican la ausencia de daños. Además, la delegada municipal aseguró que las conclusiones de ambos estudios señalan que el sellado llevado a cabo por la Junta en el año 2008 es defectuoso, en tanto que de lo contrario no se produciría la gran cantidad de lixiviados que afloran actualmente.

Por ello, Ruiz reiteró que el Ayuntamiento reclamará a la Junta el coste de las actuaciones llevadas a cabo por Arcgisa en la realización del mantenimiento; hasta ahora ha invertido 172.785 euros y el proyecto planteado para acabar con los lixiviados, consistente en la construcción de una tubería hasta la depuradora de Isla Verde, tendrá un coste de 215.236. La concejal insistió en que este trabajo "compete a la Administración autonómica al no haberse recepcionado en ningún momento la obra ni haberse recibido el plan postclausura", y en que la institución municipal -con la colaboración de la empresa mancomunada- ha actuado "de facto, sin corresponderle y por responsabilidad ambiental, concurriendo un claro incumplimiento de los términos del Convenio suscrito en 2004 con la Administración autonómica".