En una bancada del salón de plenos la Algeciras que crece en población, que encabeza el ranking de renta per capita de la provincia o de la reducción del déficit. En el otro la ciudad sin inversiones, con falta de limpieza y una deuda municipal galopante de 1.800 euros por algecireño. Uno y otro lado del salón principal del Ayuntamiento de Algeciras debatieron ayer no solo el presupuesto municipal para el próximo año, sino también la evolución en la situación económica de una de las 22 entidades locales apercibidas por el Ministerio de Hacienda por su retraso en el pago a proveedores. El resultado del debate estaba marcado de antemano: los presupuestos saldrían adelante con la mayoría absoluta del PP, la abstención de la edil no adscrita Elena Abad y el no rotundo de los grupos de la oposición. Pero la discusión dejó algunos apuntes interesantes sobre el estado de las arcas municipales.

El presupuesto aprobado ayer de forma inicial es el más austero en 14 años, destacaba una vez más el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. En total, 101 millones de euros en gastos y 106 millones en ingresos, un superávit de casi cinco millones destinado a enjugar deuda, todo ello en una política de "equilibrio de nuestras cuentas, reducción del déficit y mejora de los servicios públicos municipales" en palabras de Landaluce. Pero pese a ese anuncio, el neonato presupuesto para 2018 llega con el gran lastre de una deuda al alza, que ha aumentado en 16 millones en los dos últimos años y sobre la que ayer mismo, por urgencia, se aprobaba trasladar deuda a corto plazo a largo, según el Gobierno local para regularizar la situación ante la falta de operaciones de tesorería y según la oposición porque ya no tiene manera de renovar los préstamos.

En total, según los datos recopilados en el presupuesto, el Ayuntamiento de Algeciras suma 218,8 millones de euros de deuda: 37,5 millones a proveedores, 169 millones de deuda bancaria a largo plazo y 12,3 millones en operaciones de tesorería. Una deuda viva que sobrepasa con mucho el preceptivo 110% de los recursos ordinarios, recordaba ayer la no adscrita María José Jiménez, por lo que el interventor reclama un plan de reducción de deuda para llegar a ese porcentaje en cinco años.

Dentro de esa cantidad destaca el retraso en el pago a proveedores, con un periodo medio de pago de 400 días, el tercero más alto de los grandes municipios del país; el periodo legal está en 30 días, que se empiezan a contar a los 30 días de recibir la factura. Por ello el Ministerio de Hacienda ha mandado una carta al Ayuntamiento para reclamarle que reduzca su morosidad o retendrá parte de sus ingresos para que los proveedores puedan cobrar a tiempo. "Le vamos a contestar", aseguraba ayer el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. "Montoro manda cartas pero debería también preocuparse de la financiación de los ayuntamientos. Cada vez se nos cargan más servicios", aducía el concejal, algo reconocido por todos los presentes. Fernández esgrimió ayer en el debate la reducción de deuda lograda en los últimos años, con el pago de 40 millones de deuda a largo plazo "heredada" de la época socialista y la reducción de 7 millones de gastos financieros en el presupuesto de 2018. "No olvide que el 40% de la deuda a largo plazo la había firmado usted cuando era delegado de Hacienda con el Partido Andalucista", le respondía el portavoz de IU, José Luis Alcántara. Es difícil bajar el periodo medio de pago, insistía Fernández en la herencia, "si todas las semanas tenemos una sorpresa de años atrás. Hemos tenido que reconocer la barriada del arroz, subvenciones a devolver de la Junta".

"La situación en la que han colocado las deudas municipales es de mucha gravedad. Algunos de esos atrasos de impagados se eleva a 21 millones de euros", detalló el portavoz socialista, Fernando Silva, destacando los procedimientos judiciales abiertos por impagos.

Segundo lastre del presupuesto: la baja ejecución de la recaudación. Algeciras Sí Se Puede, IU y María José Jiménez reclamaron ayer al equipo de Gobierno que retire el convenio con la Diputación Provincial, que gestiona los cobros municipales con escaso éxito a juzgar por los datos: según la estimación de la liquidación de 2017, incluida en el presupuesto, a 31 de diciembre el Ayuntamiento habrá ingresado solo el 80% de los impuestos y tasas que preveía recaudar. En total, la recaudación de 2017 no superará los 87 millones de euros, muy por debajo de los 120,2 inicialmente presupuestados.

Lo mismo ocurrió en el ejercicio anterior. El PP admitió un problema con la recaudación aunque no respondió a las demandas de la oposición. Y pese a ello, se siguen incluyendo cifras difíciles de alcanzar en el presupuesto. "Presupuestan 900.000 euros para pavimentación pero ese plan tiene una pega, que lo financian con 600.000 euros a recaudar por multas y sanciones urbanísticas, cuando de los 756.000 presupuestados en 2016, solo fueron impuestos 405.000 y cobrados 3.300 euros", destacó Alcántara. Las partidas más afectadas son las de inversión, reconoció Luis Ángel Fernández. "Los capítulos de personal, gasto corriente y pasivos financieros admiten pocas variaciones. Cuando hay que recortar hay que recortar en inversiones". ¿Resultado? Buena parte de las actuaciones incluidas en este presupuesto están atrasadas de años anteriores, como recordó la oposición. Las principales serán las que se ejecutarán con cargo a fondos europeos, en la barriada de La Caridad, pero también hay fondos para la reforma del estadio Enrique Talavera o 300.000 euros para un contrato de alquiler de 10 autobuses. Diez de veinte, recordó el portavoz de IU. "El interventor vaticina que nivel de inejecución volverá a producirse", alertó Alejandro Gallardo, portavoz de ASSP.

"A 1 de enero habrá ya 81 millones de ingresos y los gastos superarán un 90% de ejecución", contestó Luis Ángel Fernández. En esta ocasión se espera que los primeros incluyan el canon por la concesión del parking La Escalinata y de la gestión de la estación de autobuses, que llevaban años sin pagarse.

En la sesión de ayer también se dio luz verde definitiva a las ordenanzas fiscales de 2018, el conjunto de normas que regirán el pago de los impuestos y tasas municipales a partir del 1 de enero. Salieron adelante con el voto a favor del PP y Elena Abad unas ordenanzas que suben un 1,5% doce impuestos y tasas, entre ellos el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de circulación, tras cinco años de congelación. Una subida que fue criticada desde el grupo socialista, que consideró el expediente un "despropósito" y criticó la "falta de motivación" de ese aumento.

"Estas ordenanzas fiscales son las que son necesarias ahora, para cuadrar presupuesto, que es el menor de los últimos años", aseguró Luis Ángel Fernández, tras destacar el descenso de la presión fiscal en impuestos como el IBI (gracias a la bajada del valor catastral). El gobierno popular rechazó todas las alegaciones presentadas salvo la bonificación propuesta por Ciudadanos para los coches con menores emisiones de gases de efecto invernadero.