Casi cinco años después de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) provocase un tsunami al condenar a España por el sistema de contratación en la estiba, el sector aborda la recta final de su reforma con la aprobación de un segundo real decreto que completa el aprobado en 2017. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al segundo texto de reforma de la estiba, que aborda importantes flecos pendientes como la subrogación de los trabajadores de las antiguas sociedades de estiba o la entrada del sistema de empresas de trabajo temporal en la contratación. Si es aprobado por la diputación permanente del Congreso, será el paso clave para garantizar la paz social en los puertos e impulsar los proyectos de inversión pendientes que hasta ahora encallaban en la inseguridad jurídica por el conflicto aún no cerrado de la estiba.

Este nuevo texto da respuesta a una de las grandes reivindicaciones de los trabajadores del sector (más de 2.000 en el Puerto de Algeciras, 6.150 en todo el país): regula la subrogación en aquellas empresas que decidan dejar las sociedades de estiba (las sagep), ahora transmutadas en centros portuarios de empleo, a través de los que se gestiona la contratación de trabajadores.

Según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el real decreto habilita legalmente que a través de convenio colectivo “se pueda acordar la subrogación obligatoria”, asegurando así algo que “es ya un derecho en otros sectores” y “facilitando la estabilidad en el empleo”. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia había puesto en duda la legalidad de esta fórmula, al proponer sanciones millonarias por el acuerdo alcanzado entre las empresas y los sindicatos portuarios para la subrogación de los contratos de los estibadores. Con este nuevo decreto, apuntan fuentes estatales, el debate sobre la subrogación quedaría resuelto.

El decreto también incluye una modificación en la Ley de Empresas de Trabajo Temporal para establecer especificidades sobre los centros portuarios de empleo y del resto de ETT que desarrollen parte de su actividad en la estiba. Así, se establece que los propietarios de los centros portuarios de empleo deban tener la licencia de empresa estibadora, garantizando la vinculación con la actividad que se realiza. Asimismo, se refuerza la capacidad de los empresarios en la dirección y organización del trabajo y se reconoce el peso de la negociación colectiva en determinadas cuestiones de organización de la actividad productiva.

También se modifica el real decreto ley 8/2017 para permitir el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores, facilitando así el acceso a la profesión y aumentando su calidad. De esta forma, los alumnos que estén cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso a la profesión podrán beneficiarse de un contrato laboral mientras desarrollan las prácticas.

El real decreto da respuesta a una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el congreso el pasado 20 de febrero y llega, destacó Celaá, tras una labor intensa de diálogo tanto con el sector como con la Comisión Europea, “con el fin de esclarecer objetivos y despejar dudas sobre el mantenimiento del marco de libertad de contratación existente a la fecha”. En cuanto se han despejado esas dudas, el decreto ha llegado a la mesa de los ministros.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Además, el Consejo de Ministros también ha acordado la tramitación urgente del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria. Se trata de un plan social de prejubilaciones y bajas que tiene un coste estimado de 120 millones de euros, de los cuales 40 se ejecutarían este año.

Este proyecto de Real Decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector como consecuencia de la sentencia del TJUE.

La finalidad de este régimen de ayudas es facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad, a los que les quede como máximo 60 meses para llegar a la edad ordinaria de jubilación, en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, proporcionando a estos trabajadores una cobertura económica siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se regularán en este Real Decreto. También se modificará el contenido del certificado de profesionalidad para el acceso al sector.

El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, que ha venido trabajando en la resolución del problema desde el principio como diputado, destaca que el decreto traerá “la tranquilidad que reclama el sector empresarial, la paz social. Es muy importante porque abre un escenario de tranquilidad tras años de inseguridad jurídica”. Un escenario de “inversiones y expectativas en los puertos”, resalta De la Encina.

En este sentido, el Puerto de Algeciras, el mayor del país, es uno de los principales afectados por la carencia de una regulación cerrada del sector de la estiba, fundamental en el cálculo de los costes de cualquier empresa. Así se ha visto en la licitación sin resultados del que es el próximo gran desarrollo del Puerto: la Fase B de Isla Verde Exterior.

El real decreto aún tiene que ser convalidado por la diputación permanente del Congreso de los Diputados para entrar en vigor. A este respecto, el presidente de Puertos del Estado confía "en la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para que apoyen, porque no se entendería que no lo hicieran, el real decreto ley”. El decreto, recuerda, responde a una proposición no de ley aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados. Y si no saliese adelante ahora, abriría un interrogante hacia el futuro en un periodo electoral con múltiples cambios. Una vez aprobado, el siguiente paso, ya más tranquilo, será la publicación del reglamento del sector.