El gerente del Gregorio Marañón, Antonio Barba, se convirtió ayer en el centro de todas las críticas por achacar directamente a las enfermeras el error médico que costó la vida a Rayan. Mientras que las investigaciones sobre el caso siguen abiertas, diversos colectivos han salido en defensa de la enfermera apartada de la UCI de Neonatología por haber suministrado al bebé un preparado lácteo vía intravenosa y han vinculado el siniestro con una serie de errores en cadena.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, anunció que estudia emprender acciones legales contra el gerente, por sus manifestaciones "inmorales" e "indecentes" sobre las circunstancias del suceso. Señaló que en las unidades de neonatos no debería haber personal sin cualificar, al tiempo que reconoció que este factor junto con un modelo de contratación inadecuada y la falta de supervisión pudieron influir en el error.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha pedido una "contundente rectificación pública" a Barba, ante las "desproporcionadas e injustas calificaciones" que hizo al informar de la muerte. Barba calificó lo sucedido como un "terrorífico error" y el sindicato entiende que "se ha sometido no sólo a una compañera, sino al conjunto de la profesión, a un linchamiento público injusto". Por su parte, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, ha anunciado que en todas las UCI de Madrid se implantará el nuevo sistema que regula las bombas de alimentación para evitar errores como el que le costó la vida a Rayan.