Denuncian el mal funcionamiento de la ley contra la violencia machista

  • Amnistía Internacional recrimina al Gobierno no haber evaluado aún la norma

Comentarios 4

La Ley Integral contra la Violencia de Género registra graves incumplimientos, sobre todo en los dos campos en los que la propia norma más incide: la seguridad y protección judicial de las víctimas. Los datos al respecto son claros: las muertes de víctimas que habían interpuesto denuncia han crecido un 10% desde la entrada en vigor de la norma, al igual que han aumentado nada menos que casi un 150% las mujeres asesinadas con orden de protección.

Amnistía Internacional (AI) presentó ayer el informe Obstinada realidad, derechos pendientes, donde se analizan los efectos de la ley integral en su tercer aniversario y, precisamente, se echa en cara al Gobierno que la falta de evaluación de los efectos de la norma impide tomar medidas eficaces para garantizar la protección de las mujeres.

La ley cumple tres años con 71 ó 74 mujeres muertas, según se consulte la estadística del Instituto de la Mujer o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Los principales obstáculos se dan donde precisamente la ley hace más hincapié: protección y justicia. Y los datos son bastante preocupantes", denunció María Naredo, autora del informe. Tres años después de la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género, el 30% de las 71 mujeres asesinadas en 2007 había denunciado a su agresor y sólo el 4,6% de las que había solicitado una orden de protección la consiguió.

AI denuncia también las dificultades que se encuentran las mujeres para acceder a la "asistencia social", ya que en la mayoría de las autonomías exigen una orden de protección como requisito para tener la condición de víctima. Y advierte además que la situación de las inmigrantes es "doblemente discriminatoria" porque las que no tienen permiso de residencia pueden ser expulsadas del país como ordena la Ley de Extranjería.

Por su parte, el CGPJ publicó ayer un estudio que indica que las personas condenadas por asesinar a sus parejas pasan una media de 17 años y cuatro meses en la cárcel y tienen que pagar 151.521 euros por término medio por responsabilidad civil.

El informe se basa en 33 sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado en 2006 en España, que han sido estudiadas por el grupo de expertos en violencia doméstica del CGPJ y un experto en medicina forense.

El agresor tipo es un hombre (sólo una mujer consta entre todos los casos), español (70%), con una edad comprendida entre 31 y 45 años y que utiliza armas blancas con ensañamiento (28 puñaladas de media por víctima).

El Consejo de Ministros evaluará hoy un informe sobre la eficacia de la ley. El estudio analiza las acciones llevadas a cabo por el Gobierno y las comunidades para erradicar la violencia de género.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios