Las matriculaciones de vehículos en la provincia de Cádiz siguen en caída libre, al igual que en el resto de Andalucía y el conjunto de España. La tendencia a la baja que se está produciendo, mes a mes, a lo largo de 2008 ha llegado a su punto más negativo el pasado noviembre, mes en el que los establecimientos que operan en Cádiz sólo vendieron 1.475 automóviles, según los datos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).

Esta cifra supone un retroceso de un 54,9% en relación al mismo mes del año pasado, cuando se registraron en torno a las 3.000 matriculaciones en la provincia. El porcentaje de descenso es aún mayor que el de octubre, cuando el sector sufrió un frenazo de algo más del 40%.

En los once primeros meses del presente año se han vendido algo más de 23.200 automóviles en los concesionarios asentados en la provincia, una cifra sensiblemente inferior a la de 2007, cuando a estas alturas se habían cerrado unas 10.000 operaciones.

El hundimiento del mercado de ventas es común en toda la geografía española, aunque la caída porcentual es mayor en Cádiz que la media nacional, donde las matriculaciones de automóviles se situaron en 63.068 unidades durante el pasado mes de noviembre, lo que supone una caída del 49,6% respecto a las 125.206 unidades comercializadas en el mismo mes de 2007 y el segundo mayor retroceso mensual de la historia, sólo superado por el descenso del 51% contabilizado en enero del año 1993.

A nivel andaluz, las ventas matriculaciones de automóviles se situaron en 9.031 unidades durante el pasado mes de noviembre, lo que supone una caída del 54,7 por ciento respecto al mismo mes de 2007, una cifra cinco puntos porcentuales mayor que el retroceso establecido a nivel nacional.

Las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam) explicaron ayer el preocupante descenso experimentado en el mercado de las matriculaciones de vehículos por la persistencia de la gravedad de la situación económica y financiera en general, con factores negativos como la restricción del acceso al crédito, la continua pérdida de puestos de trabajo y la menor renta disponible por parte de las familias.