La reciente sentencia, la semana pasada, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando que no hay límites a la retroactividad y que por lo tanto los bancos deben devolver las cantidades cobradas indebidamente por el uso de cláusulas suelo abusivas en las hipotecas ha alegrado a mucha gente, pero hay en Cádiz una persona que, aunque no lo diga abiertamente, debe sentir un regustillo personal añadido. Se trata del juez decano Pablo Sánchez, que en estos últimos años dictó abundantes resoluciones en las que obligó a las entidades a devolver esas cantidades. No estaba solo en esa postura, pero ha sido uno de los jueces que más claro lo ha tenido.

En conversación con este periódico, Pablo Sánchez, admite que "personalmente estoy muy contento". "Merecía la pena esperar, aunque fuera unos años -añade-. La sentencia del Tribunal de Justicia ya hacía falta, porque éramos algunos los que defendíamos que no se podía limitar la retroactividad de la devolución de cantidades por cláusula abusiva, pero por otra parte otros jueces aplicaban otro criterio, y eso provocaba desconcierto en demandantes y demandados. Lo mejor de la sentencia es que zanja la cuestión. En lo personal, mi postura siempre ha ido en consonancia con la doctrina del Tribunal de Justicia europeo, así que estoy muy satisfecho".

Cabe preguntarle, si la decisión del tribunal europeo es tan clara, por qué el Supremo defendía lo contrario. "Era una razón macroeconómica -dice el juez gaditano-. El Supremo limitó la retroactividad porque suponía que no moderarla sería un desequilibrio bastante serio para la eocnomía del país". ¿Debe la justicia, entonces, supeditarse a la economía: "Está claro que yo no compartía ese razonamiento, y así lo he mostrado en mis resoluciones, pero es verdad que en otras ocasiones se han tomado decisiones de ese tipo, atendiendo a razones económicas", admite el juez Sánchez, que desgrana sus razones para 'enfrentarse' a esa doctrina del Supremo.

"Yo entendía lo mismo que ha entendido el Tribunal europeo, que si una cláusula ha sido declarada abusiva de hecho deja de existir, por lo tanto no se puede moderar esa eliminación ni dejarlo a la interpretación de los jueces. El tribunal europeo viene a decir que no cabía que ningún juez español moderase esos efectos. Es además por una razón disuasoria, porque a partir de entonces ninguna empresa podrá aplicar esas cláusulas, lo que no se asegura si se deja a criterio del juez. Así que yo simplemente veía clara la doctrina del Tribunal europeo a la hora de dictar mis sentencias. El Supremo en cambio se guiaba más por razones económicas que jurídicas". "Pero no es exactamenteque yo llevara la contraria al Supremo -aclara el juez-, sino que que seguía la doctrina del Tribunal de Estrasburgo".

Felizmente, el juez decano de Cádiz no estaba solo en este asunto: "En absoluto -comenta-. Ha habido otros jueces en la provincia y en Andalucía que han actuado igual. Concretamente en Málaga, una de las primeras en hacerlo ha sido la juez Amanda Cohen, que ha sido una referencia para mí por sus argumentos". Pero también habría que plantear que los culpables de este abuso continuado durante tantos años pueden haber sido otros agentes, aparte de los bancos, que intervienen en la firma de una hipoteca, como los notarios, por ejemplo. Pablo Sánchez lo tiene claro: "Las protagonistas principales ha sido las empresas que no informaban debidamente a sus clientes. Esta es la conclusión fundamental de la sentencia, que al cliente no se le explicaba lo que estaba firmando". Y con la misma rotundidad habla sobre los notarios. "No me parece oportuno señalarlos, puesto que estoy seguro de que muchos habrán advertido de posibles irregularidades".