El juez que instruye el caso Malaya por corrupción urbanística en Marbella ha mandado investigar al Juzgado de El Puerto un asunto que ya está abierto desde hace tiempo. Se trata de la compra de terrenos realizada por el empresario Manuel Lores, el ex presidente del Racing Portuense imputado en la tercera fase de la operación contra la corrupción marbellí, a la empresa municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto , Suvipuerto, de varias fincas en el solar de Caja de Aguas.

Hace unas dos semanas que el juez decano de El Puerto recibió la documentación por parte del instructor de La Malaya, con la indicación de que se investigara esa compra, y la posterior venta, ese mismo día, en junio de 2007, del empresario de los terrenos recién adquiridos, logrando un supuesto pelotazo de más de 3 millones de euros. Pero curiosamente en el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Puerto se instruye ese asunto, junto a otras tres operaciones realizadas por Suvipuerto, por una denuncia de la fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, formalizada en noviembre de 2008. La fiscal considera que en esta operación entre Lores y Suvipuerto, así como en los otros tres asuntos, se habrían podido cometer dos delitos, de prevaricación y malversación de caudales. Están imputados todos los miembros del consejo de administración de la empresa municipal de entonces, entre ellos su presidente, el ex alcalde Hernán Díaz, el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y el antiguo gerente de la sociedad, Luis Márquez, así como los consejeros del resto de partidos que tenían representación (IP, PP, PSOE e IU).

La denuncia de la fiscal Anticorrupción se produjo tras una inicial denuncia de la agrupación local de Izquierda Unida, basándose en un informe realizado por el interventor del Ayuntamiento portuense, Juan Raya. El funcionario municipal advirtió de unos posibles "perjuicios patrimoniales" en algunas operaciones realizadas entre 2003 y 2007.

Hablaba Raya de la adjudicación de las obras de cuatro promociones realizadas por Suvipuerto (las tres de El Juncal y una en la avenida de Menesteo), la demolición del edificio de la desaparecida Cofradía de Pescadores y la compraventa de terrenos en tres zonas (Jardín de Cano, Ronda de Valencia y Caja de Aguas). Posteriormente, IU remitió este informe a la Fiscalía, que determinó que había indicios de delito de malversación de caudales públicos y prevaricación en cuatro de estas actuaciones (en dos de las promociones de El Juncal así como en las compraventas de suelo en Jardín de Cano, Ronda de Valencia y Caja de Aguas).

Los terrenos de Caja de Aguas, que aglutinan un grupo de parcelas situadas en la avenida de la Diputación y el Camino del Juncal, tienen una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. El planeamiento establece una edificabilidad máxima de 30.000 metros cuadrados de los que 17.610 serán para viviendas de renta libre (unas 160) y 10.000 para protección oficial (118). Por estos suelos, pagó Suvipuerto en 2005 más de 7,5 millones de euros.

Sin embargo, un año más tarde, el consejo de administración de la empresa municipal aprobó su venta a la sociedad Grupo de Inversiones Lorcris (cuyo administrador es el ex presidente del Racing Manuel Lores) de toda la edificabilidad de renta libre de las parcelas por 9,1 millones de euros, incluyendo en esta cantidad la construcción y cerramiento de los locales que irían para los primeros dueños.

A simple vista, podría parecer que la operación supuso un beneficio económico bruto de 1,6 millones para la empresa municipal a lo que habría que sumar que mantendría la propiedad de más de 2.600 metros donde hacer viviendas de protección oficial. Sin embargo, esto no ha sido así ya que el acuerdo con la sociedad de Lores establecía que éste adquiriría los terrenos ya urbanizados (unos gastos que correrían a cuenta de la empresa municipal), una cuestión que el interventor municipal destacó en su informe. De hecho, actualmente se están ejecutando estos trabajos con un coste para Suvipuerto de más de 1,8 millones de euros.