-ha sido reelegida por tercer mandato consecutivo como fiscal jefe de la provincia de Cádiz. ¿Qué supone esto para usted?

-El honor de poder dirigir a un gran equipo de profesionales y el acicate de deber actuar siempre procurando estar a su misma altura. Visto desde fuera, comprendo que cuesta creerlo pero, en mi opinión y en mi práctica de tantos años, considero que la función primordial de un fiscal jefe no es impartir directrices sino respaldar a los demás fiscales. Es imposible que en el amplio marco de trabajo de esta provincia, todas las buenas ideas de la Fiscalía puedan salir de una única cabeza, por muy entregada y creativa que sea la persona al mando. Mi trabajo es más humilde, es intentar -con el apoyo de los compañeros- decidir cuáles de nuestros criterios pueden ser de mayor eficacia y utilidad. A veces serán míos y otras, desde luego que no.

No suspender la pena de prisión al condenado que no derriba una construcción ilegal es muy eficaz"Soy partidaria de que la Fiscalía asuma la instrucción de los casos, siempre que nos den los suficientes medios"Aquí estamos nosotros, una capital de provincia de un millón de habitantes sin Ciudad de la Justicia"El cine o la televisión hacen gracias a costa de un personaje infeliz tocado por el consumo de drogas. Lamentable"

-Con esta tercera candidatura llegará a sumar 15 años al frente de la Fiscalía gaditana. ¿Qué metas da por conseguidas y qué retos le quedan pendientes?

-La auténtica meta de la Fiscalía provincial es atender debidamente cada asunto que pasa por las manos de uno de sus fiscales. Esa creo que la alcanzamos dignamente y no hasta donde nuestros medios personales y materiales permiten, sino siempre pretendiendo llegar un poco más allá.

De metas logradas no le puedo hablar porque yo nunca miro lo que está conseguido, me fijo en lo que está por hacer. Lo considero mi obligación. Hoy, después de once años en esta jefatura provincial, mi objetivo inmediato vuelve a ser el mismo que me marqué en 2006, lograr que la Fiscalía General del Estado repare en que este órgano cuenta con un número insuficiente de fiscales y de funcionarios de secretaría.

Más propósitos son solicitar la creación de otra plaza para la Fiscalía Anticorrupción; saber entender la problemática de la violencia de género en la tercera edad; promover un tratamiento integral a las personas que sufren enfermedad mental, enfocando especialmente nuestro interés en que cuando este enfermo sea enjuiciado penalmente, esté en primera línea de consideración su patología... Y, en definitiva, potenciar la función social de nuestra institución.

-¿Se muestra partidaria con la propuesta de que la Fiscalía asuma la instrucción de los procedimientos judiciales?

-Por supuesto, siempre que se legisle bien y se nos den los suficientes medios. Lo que no queremos es un parche o una ley Frankenstein, que tome de éste y aquel proyecto y con poco sentido.

-A grandes rasgos, ¿qué conclusiones ha podido extraer de la memoria de 2016?

-En la evolución de la criminalidad en la provincia no se denota ningún cambio relevante. Cuando se publique aparecerán cifras llamativas al compararlas con memorias pasadas, porque durante mucho tiempo el número de procedimientos criminales abiertos cada año rondaba la cifra de 100.000, mientras que a partir de este año la cifra estará casi en la mitad. El cambio es aparente y responde a la reforma legal de 2015, por la cual numerosísimos casos de delitos donde los autores no son conocidos, se archivan policialmente y sin entrar en el juzgado.

-¿Han seguido aumentando los delitos vinculados a la corrupción pública?

-Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial se construyen sobre los procedimientos incoados, es decir, son estadísticas judiciales, no de delitos realmente cometidos. La memoria de esta Fiscalía fijará cuántos procedimientos se han incoado en 2016 por estos delitos que hoy llamamos de corrupción, lo que este órgano no está en condiciones de indicar es cuántos se han producido en realidad. Obviamente, algunos de los casos de corrupción que se hayan sucedido en 2016 llegarán a los tribunales penales dentro de varios años. Los demás, no llegarán a ser juzgados y engrosarán la cifra negra de la criminalidad de la corrupción pública. Igual que hay cifras negras de otros delitos. Son los que no se denuncian ni se descubren.

Yo quiero creer que el cambio habido en España, la mayor lucha policial y judicial contra la corrupción y, sobre todo, la creciente repulsa social van a conducir a que se reduzca esta criminalidad.

-¿Qué datos arroja el narcotráfico en la provincia en comparación con las cifras nacionales?

-Desgraciadamente no hay un cambio a mejor. La actuación de la Policía es muy eficaz pero los medios técnicos de que se dotan los delincuentes también lo son. O sea, que seguimos ocupando un primerísimo puesto, de lo que dan cuenta a las claras las incautaciones de droga. Operaciones que en otras provincias son primera plana en la prensa, aquí son una más de muchas.

El tráfico de drogas es una empresa ilegal que causa daño a la salud ajena, destruye vidas, destroza familias y en definitiva debilita a la sociedad. Hasta debilita los valores sociales. Es impresentable ver esas obras de cine o televisión que hacen gracias a costa de un personaje ya prototípico, el infeliz que se ha quedado tocado por el consumo de drogas. Lamentable ese cántico a la destrucción.

-Respecto a los delitos contra la ordenación del territorio, la fiscal responsable de Medio Ambiente alertó en su memoria sobre la pasividad tanto de los propietarios condenados como de los Ayuntamientos (como responsables subsidiarios) a la hora de demoler construcciones ilegales. ¿Qué soluciones plantea a este problema?

-Me gusta la expresión que usa, construcciones ilegales. Cansa que se hable tanto de viviendas, cuando muchas veces estos delitos se comenten edificando piscinas, zonas de ocio o ampliaciones de locales de hostelería. Otras veces son segundas viviendas, algunas realmente de lujo. Y todas ellas son un fraude para la sociedad, porque no generan un duro en impuestos.

No es un capricho que la Fiscalía pretenda esa destrucción de la construcción ilegal si media delito. Los tribunales acuerdan el derribo porque la Ley lo impone. El problema es el que usted dice, la ejecución de la demolición. En los últimos meses hay un repunte de ejecuciones, siendo muy eficaz la medida de no suspender la pena de prisión al condenado que no derriba la construcción.

-Otro asunto importante es el aumento de la violencia de género en menores de edad así como el incremento de los delitos de child grooming.

-No hace falta ser criminólogo para concluir lo que cualquiera sabe, que los niños aprenden de los mayores. No me refiero necesariamente de sus padres. Muchas conductas se aprenden de los medios de comunicación o en los videojuegos.

-¿Tenemos que seguir hablando una entrevista más de la "anemia presupuestaria" que padece la Administración de Justicia?

-Basta con mirar las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para conocer la situación. Y aquí estamos nosotros, una capital de provincia de un millón de habitantes sin Ciudad de la Justicia y con sus órganos judiciales dispersos.

-¿Qué opinión le merece la nueva ubicación para la Ciudad de la Justicia de Cádiz en los Depósitos de Tabaco? ¿Es un parche más? ¿La planta de fiscales se alojaría allí o se mantendrá en la segunda planta de la Audiencia?

-Suponiendo que finalmente esos terrenos se puedan destinar a este fin, considero que a esa zona de Cádiz le conviene contar de un edificio público tan importante. Si ese barrio hoy no cuenta con ningún edificio público emblemático, ya es momento de que tenga uno.

Y soy partidaria de la reunión de todos los órganos judiciales: Fiscalía, Instituto de Medicina Legal y servicios de toda clase. El área de los Depósitos de Tabaco tiene una edificabilidad altísima y hay que insistir en que se utilice.

-Hay dos asuntos judiciales que han trascendido especialmente a la opinión pública en 2016: el caso Loreto, archivado por la Fiscalía, y el caso del cura de Salesianos, absuelto del delito de abusos sexuales a menores por la Audiencia de Cádiz. Del primero, hay intención por parte de Podemos de presentar una nueva denuncia, esta vez ante el juzgado. Del segundo, el Supremo aún no se ha pronunciado sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía. ¿Qué espera de cada uno de estos procedimientos?

-A ver, en el asunto de Loreto la empresa Aguas de Cádiz no presentó denuncia, sino que registró en Fiscalía la petición de que examináramos todo los antecedentes e informes técnicos, antiguos y recientes, que nos presentaron. Y así lo hicimos, en consideración a que lo instaba nada menos que el Ayuntamiento de Cádiz. No eran las nuestras unas diligencias de investigación penal, sino la toma en consideración de un grave incidente. De hecho, ya le digo que no había denuncia ni se hablaba de delito ni se imputaba ninguna ilegalidad a nadie. Lo vimos y tras practicar ciertas diligencias, pedir más documentación y oír a varios técnicos, archivamos porque consideramos que no debíamos intervenir ni penalmente ni remitiendo comunicación a la autoridad administrativa. Cosa distinta es que ahora se presente una denuncia ante un juzgado. En tal caso, ya actuaríamos dentro del procedimiento penal como en cualquier otro caso.

En el asunto en que fue acusado y absuelto el antiguo director del colegio Salesianos, recurrimos porque creemos que había razones para ello. La sentencia tiene una fundamentación muy completa y, aunque absuelve, no olvida consignar ni uno de los hechos o pruebas en las que el fiscal basaba su acusación. Es muy meticulosa, lo estudia todo. En cualquier caso hemos recurrido porque estimamos que de los hechos probados cabe extraer una conclusión distinta y es obligado someterlo al Tribunal Supremo. Nuestra visión es la misma que la contenida en el voto particular de la sentencia.