La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento y archivo de las denuncias interpuestas por el anterior gerente del Hospital Puerta del Mar, Rafael Pereiro, y el jefe de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía General y Aparato Digestivo del centro, José Luis Fernández Serrano, hacia el jefe de Anestesiología y Reanimación, Luis Miguel Torres, y otro especialista de esta Unidad, tras la publicación en varios periódicos del Grupo Joly, entre ellos Europa Sur, en julio de 2016, de una información que hacía referencia a un estudio llevado a cabo por profesionales de Anestesia que reflejaba irregularidades en la UGC de Cirugía General y Aparato Digestivo del hospital gaditano desde la llegada del actual director de esta Unidad.

Las denuncias se interpusieron en la Fiscalía por posibles delitos de injurias, revelación de secretos y falsedad documental. Fernández Serrano, además, entendía que podía haberse dañado su imagen personal y profesional. Estas denuncias fueron remitidas a los juzgados al ir "huérfanas de documentación, salvo unos recortes de prensa", según manifestó entonces la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Ángeles Ayuso.

Estima que la noticia, publicada por este diario, está amparada por el derecho a la información

Tras realizar el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, envió los resultados a la Fiscalía, que ha pedido por escrito a dicho Juzgado el sobreseimiento y archivo de esas diligencias previas.

Fuentes de la Fiscalía afirman que ésta concluye que los hechos denunciados carecen de relevancia penal, pero que no corresponde al Ministerio Fiscal establecer si se puede haber incurrido en alguna responsabilidad de tipo administrativo, y resaltan que no ha podido averiguarse quién o quiénes facilitaron la información a este periódico.

El escrito remitido al Juzgado recoge -según las mismas fuentes- que el estudio realizado por profesionales del Servicio de Anestesia y Reanimación fue encargado por el propio jefe en el año 2014 ante la percepción de que habían aumentado las complicaciones postquirúrgicas en los pacientes de la Unidad de Reanimación Postoperatoria (URP). Este estudio fue elaborado bajo la dirección del profesional denunciado y en la recogida de datos intervinieron otros facultativos de la Unidad. Es decir, se trata de un informe interno sobre el seguimiento y evaluación de los pacientes atendidos en la propia Unidad, que analiza las complicaciones presentadas tras la cirugía y sus posibles causas.

Por todo ello, la Fiscalía entiende que en el hecho de que estos profesionales accedieran a los historiales médicos de los pacientes de su Unidad no puede darse un descubrimiento y revelación de secretos, como sostiene la denuncia, teniendo además como finalidad la investigación y salud pública. Además, no se han divulgado secretos de los pacientes, ya que en el informe que se difundió solo se exponían datos, sin que pudieran indentificarse de ninguna manera los pacientes a los que pertenecían.

En relación a los posibles delitos de injurias y calumnias, la Fiscalía sostiene que el derecho al honor está limitado por las libertades de información y expresión, siempre que la información sea veraz y contrastada. Y señala que la noticia publicada por este periódico hace referencia a un estudio que realmente existe y cuyo contenido se entiende que es relevante para la opinión pública. Además, la información no contiene expresiones injuriosas, ofensivas ni desproporcionadas, limitándose a analizar y reproducir los resultados del informe realizado por los profesionales de la UGC de Anestesia y dando la misma difusión pública a las reacciones posteriores de la Dirección del Hospital Puerta del Mar y la Delegación de Salud.

Asimismo, entiende que la información difundida no es calumniosa, ya que no se atribuye de forma directa y expresa a persona alguna la comisión de un delito.

Por todo esto, considera que en el caso concreto de la noticia difundida por los diarios del Grupo Joly, editora de Europa Sur, está amparada en el legítimo ejercicio del derecho a la información.

Sobre la supuesta falsedad documental, fuentes de la Fiscalía especifican que la información publicada por este periódico apunta la existencia de una posible falsedad al dejar al descubierto el estudio llevado a cabo por profesionales de la Unidad de Anestesia que los números oficiales de complicaciones postoperatorias del hospital no reflejan la realidad con la que se encontraron los especialistas que hicieron dicho estudio. Pero no se atribuye a nadie en concreto ni de forma expresa la autoría de esa posible falsedad documental. Así, la Fiscalía opina que más que la imputación de un delito, se trata de una aseveración genérica a modo de sospecha sobre un asunto de interés público, valorando las conclusiones del informe. Y hace referencia al hecho de que a lo largo de la instrucción, se ha evidenciado que la propia Comisión de Seguridad del Paciente del Hospital Puerta del Mar se planteó la posibilidad de que existieran disfunciones en las estadísticas oficiales al existir un posible infrarregistro de determinadas complicaciones postoperatorias, concretamente dehiscencia de sutura (aberturas de heridas quirúrgicas).

Tras la petición por parte de la Fiscalía del archivo de las denuncias, el caso está pendiente de resolución judicial.

Ahora quedarían por investigar las irregularidades a las que hacía referencia el estudio llevado a cabo por profesionales de Unidad de Anestesia.