La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) intentó ayer visibilizar una realidad que "suele pasar bastante desapercibida" haciendo balance de sus acciones encaminadas a la defensa y la denuncia de cualquier vulneración de los derechos de las personas presas y sus familias. Según sus cifras, Cádiz es la provincia con más internos de Andalucía, hay unos 2.300, por lo que la situación que vivan afectan a muchas personas de cerca. "Incidimos en desmontar muchísimos falsos conceptos que discriminan a las personas presas y sus familias, seguramente el colectivo más estigmatizado de la sociedad", apuntaron desde el área de cárceles de la asociación.

En números, la APDHA ha atendido a más de una treintena de personas y ha realizado cerca de 60 visitas a los centros penitenciarios de El Puerto Santa María. Su servicio de asesoría jurídica en prisiones, que echó a andar en septiembre, ha dado orientación jurídica en los locutorios de las prisiones, ha realizado escritos frente a la administración penitenciaria y ha interpuesto recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria .

Según manifestó Cristina Serván, miembro del grupo de cárceles, los asuntos que solicitado su atención han estado relacionados con las solicitudes de traslado a otras prisiones, supuestos malos tratos en prisión, denegación de permisos de salida, sanciones disciplinarias, revisiones de grado, solicitud de asistencia medica, reclamaciones patrimoniales a la administración y demandas de medios materiales. "A esto se suman cartas, llamadas o visitas a la sede, para la que hemos establecido un horario (los miércoles por la tarde)", anunció ante una demanda que va creciendo. Sobre todo los internos que piden su ayuda están en Puerto I y Puerto III, ya que en Puerto II suelen estar en preventivos y con condenas más cortas.

Pero además de estas atenciones individualizadas, se han hecho campañas, jornadas de sensibilización y denuncias públicas a nivel colectivo. Serván señaló ayer "la falta de recursos para desarrollar un proceso de rehabilitación que contradice ese objetivo fundamental que es la reinserción social bajo un proceso adecuado de tratamiento".