El grupo parlamentario del PP en el Congreso ha presentado una enmienda para que el Estado no prorrogue la concesión de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021 y considera que deben revertir al Estado para que determine su gestión. En esta situación se encuentra la AP-4 que une Cádiz con Sevilla, que se debería liberar definitivamente en diciembre de 2019, después de 46 años de peaje. Es la autopista de peaje más antigua de España.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, señaló que han presentado una enmienda a la proposición no de Ley de Unidos Podemos relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje y que ayer se debatió en el pleno del Congreso. La enmienda a esta propuesta de la formación morada consiste en que no se prolongue el periodo de concesión de varias autopistas que vencen este año y en 2021, entre las que encuentran, además de la AP-4, la A-6 y varias autopistas en Cataluña y en Levante. "El PP solicita que el Estado decida la forma de explotación de estas autopistas que mejor convenga al interés general", afirmó Hernando.

El PP andaluz rápidamente celebró esta enmienda y la presidenta popular sevillana, Virginia Pérez, aseguró que "es un compromiso de Rajoy que se va a cumplir y del que no cabe interpretación alguna".

La ex alcaldesa de Cádiz y líder de la oposición en la ciudad, además de parlamentaria, Teófila Martínez, se mostró convencida de que esta vez sí la sentencia al peaje es definitiva. "No es interpretable", declaró muy segura. Además, ha recordado que venía en su programa electoral y "el día que no cumpla con un programa electoral, Teófila Martínez se va. El día 31 de diciembre de 2019 se termina la concesión".

Martínez cree que "hay muchas interpretaciones interesadas", pero "se termina la concesión y la infraestructura pasa a ser del Estado, que asume la responsabilidad de su conservación y mantenimiento como el del resto de infraestructuras". Además, a su juicio, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "está siendo claro, otra cosa son las interpretaciones que se le quieran dar. No hay incertidumbre, no soy nueva en esto, llevo peleando desde los años 90 por las infraestructuras de la provincia y si digo que se termina es porque va en nuestro programa electoral. Tengo un pacto con el Gobierno y ese pacto es el programa electoral. A mí no me interpreten", incidió.

El propio alcalde de Cádiz, José María González, también ha intervenido al respecto del asunto, ya que considera que el peaje somete a la provincia a una especie de "apartheid". Sin embargo, él si aprecia mensajes inciertos que se trasladan desde el Ministerio de Fomento sobre la continuidad o no del peaje cuando éste concluya en 2019.

En este sentido, González hizo referencia, en declaraciones a Diario de Cádiz, a la ex alcaldesa de Cádiz y diputada del PP, Teófila Martínez, anunciando su dimisión si el PP no cumple con este compromiso electoral. "Nos llama poderosamente la atención que Teófila Martínez ahora diga que abandona su cargo si permanece el peaje. Es un profundo acto de hipocresía de quien nunca hizo nada contra el peaje y ahora se rasgue las vestiduras, ahora que es un clamor popular imparable contra este pago obligado", afirmó el alcalde gaditano.

Al rechazo inmediato del peaje en la AP-4 y su inmediata eliminación, sin esperar al plazo de 2019, González une la necesidad de plantear "una cambio sustancial en el modelo de movilidad de Cádiz. No se puede dar a elegir a la gente entre una carretera nacional, lenta e insegura, o un peaje discriminatorio, caro e insultante".

Así, junto a la derogación de este pago obligatorio, el edil exige una apuesta por el transporte público. "El tren debe bajar el precio de sus billetes y la red de autobuses debe generar más, mayores y mejores servicios". Y en este proceso considera esencial que la Junta de Andalucía "asuma junto al Estado su responsabilidad".

La Junta, de momento, quiere que quien asuma su responsabilidad es la concesionaria de la autopista. Susana Díaz anunció el pasado lunes que "los servicios jurídicos de la Junta estudian cómo poder reclamar los 126 millones de euros que va a costar la"broma de prolongar la concesión de la AP-4 que une Sevilla con Cádiz hasta el final del 2019. Andalucía lleva pagados 105 millones desde el año 2005 y serán 126 millones lo que nos va a costar la broma cuando finalice esto", dijo.