El Servicio de Calidad de Aguas dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Barbate un informe solicitado por su titular, tras la petición realizada, como medida cautelar, por el letrado, José Plaza, que representa a la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza). Este informe, suscrito por el asesor técnico, Juan Ortegón, la jefa de Servicio de Calidad de Aguas, Noelia Sobrino y el gerente provincial, Javier Rubios, describe en tres páginas la cronología del trámite que se está siguiendo a raíz de la apertura de las diligencias previas en las que se solicita como medida cautelar el precinto de la conducción sumergida (emisario) que traslada desde el pasado día uno de junio los vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Barbate a unos 200 mar adentro de la playa militar del Botero.

En la documentación remitida al Juzgado de Barbate se advierte de que "la adopción de la medida cautelar podría tener unos efectos perjudiciales mayores que los que se pretenden evitar". Según explicó ayer el letrado, José Plaza, "la patata caliente se la están pasando de una institución a otra: la juez, a requerimiento de nuestra parte para que se adopte esa medida cautelar, se lo pasa al Ministerio Fiscal, que se lo devuelve diciendo que es la Junta la que debe informar". Es ahí donde la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate insta a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a pronunciarse sobre este asunto.

Ante esta situación, el informe ha sido reenviado desde el Juzgado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz para pedirle opinión. Mientras, Acoza ha pedido que se deje de verter agua en el Botero y en la desembocadura del río Barbate.