Ecologistas en Acción ha decidido denunciar ante la Unión Europea (UE) "las irregularidades urbanísticas y los graves impactos paisajísticos" que se han venido registrando en el Parque Natural Sierra de Grazalema. La entidad ha tomado tal determinación ante lo que consideran "una inhibición, cuando no complicidad, de los que debían velar por el cumplimiento de la legalidad" en el enclave natural. Y es que los conservacionistas dicen que ya se les ha acabado la paciencia de esperar en vano que vea la luz el informe sobre la legalidad urbanística y cumplimiento de las normas del Parque Natural en los municipios de su ámbito cuya realización aprobó la Junta Rectora, por unanimidad, en octubre del 2006.

Cabe recordar que la no realización de dicho informe y el hecho de que no se debatiera sobre este asunto en la junta rectora, mediante la inclusión de este punto en el orden del día, motivó que Ecologistas decidiera abandonar el órgano.

Desde la Junta de Andalucía, tanto la delegada de Medio Ambiente, Gemma Araujo, como el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, han justificado la no realización de este informe esgrimiendo otro, obra de los servicios jurídicos de la Consejería, que, decían, establecía que la Junta Rectora del Parque no tiene competencia para hacer ese informe.

Sin embargo, hace escasas fechas que Ecologistas ha logrado que les sea remitida una copia de ese informe que según los dos delegados citados, sostenía que el órgano rector del parque no es competente para investigar lo que acontece en el enclave y no es ésta la interpretación que los conservacionistas hacen de su dictamen. En dicho informe, que la delegada ha enviado al colectivo, copia del cual este último ha remitido a este diario, en primer lugar sí se dice que no parece que la junta rectora pueda investigar el asunto demandado, hablándose entonces de crear una nueva comisión, para lo que habría que cambiar los estatutos. Aunque al final, de modo textual, se indica que "se podría afirmar que no resulta necesaria la creación de una comisión, pudiéndose encargar de dichos asuntos tanto la Comisión de Desarrollo Sostenible como especialmente la Comisión de Investigación, Conservación y Educación".

A este respecto, desde Ecologistas han recordado que precisamente se acordó que fuera la Comisión de Desarrollo Sostenible la que efectuara la investigación requerida. De ahí que consideren que los representantes de la Junta Rectora, de Medio Ambiente y del Gobierno andaluz en la provincia no tienen interés en que la investigación se realice. Por eso han decidido interponer denuncia ante la UE por creer que "están intentando encubrir la especulación y las irregularidades que afectan, entre otros, a algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE". También van a formalizar su denuncia ante el Defensor del Pueblo.