Provincia de Cádiz

El caso de los ERE salpica al anterior obispo de la diócesis, Antonio Ceballos

  • La Guardia Civil solicita imputarlo por un presunto delito de tráfico de influencias, al recibir en 2009 una ayuda de 300.000 euros para el ERE del antiguo hospital de San Juan de Dios

El obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, en una imagen retrospectiva.

El obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, en una imagen retrospectiva.

El caso de los ERE sigue dando sorpresas en el proceso de investigación. Después de ser imputados dos presidentes de la Junta de Andalucía, consejeros, asesores, alcaldes, empresarios, sindicatos y abogados, la Iglesia tampoco queda ajena a esta macrocausa. El último nombre que ha salido a la luz pública es el del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos Atienza (de 81 años de edad). La Guardia Civil ha solicitado su imputación en el caso de los ERE por un presunto delito de tráfico de influencias en relación a una ayuda de 300.000 euros otorgada en el año 2009 al obispado para hacer frente al ERE que afectaba entonces a la plantilla del antiguo hospital de San Juan de Dios. Una operación que siempre resultó muy costosa al Obispado y que ahora vuelve a crearle problemas, después de que Ceballos dejara de ser titular de la diócesis en 2011.

En el atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -según informaba ayer la agencia de noticias Europa Press- la Guardia Civil señala a Ceballos y también al exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, al exviceconsejero, Agustín Barberá, y al exdirector general de Empleo y Seguridad Social, Juan Márquez.

Los hechos que ha investigado la Guardia Civil -a través del área de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras- tienen su origen en una carta que el obispo emérito dirigió en 2008 al entonces consejero de Empleo. Por aquel tiempo estaba el Obispado de Cádiz enfrascado en las obras de rehabilitación del antiguo hospital de San Juan de Dios para convertirlo en residencia para personas mayores, después de comprárselo a la hermandad de la Santa Caridad y de afrontar un expediente de regulación de empleo de la plantilla del centro sanitario (medio centenar de trabajadores).

Ese ERE estaba inicialmente activo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008. El Obispado había adquirido el inmueble en noviembre de 2006, después de que los hermanos de su antigua propietaria, la Santa Caridad, aprobaran la operación. Y como Ceballos le explicaba al consejero en esa carta (fechada el 6 de octubre de 2008), distintos contratiempos durante la rehabilitación del edificio iban a retrasar el plazo previsto de obras. "Este nuevo geriátrico tenía prevista su inauguración para el próximo 8 de diciembre, pero durante las obras hemos tenido el importante hallazgo de gran parte de las murallas de Cádiz y dos torres de las mismas, desde el subsuelo hasta dos plantas en altura. Ello está suponiendo una inesperada tarea de obras y un muy importante incremento del presupuesto de obra. Igualmente al actuar sobre la estructura del edificio resulta un inesperado aumento de zonas de forjado que han supuesto igualmente un gran incremento de obra. Todo ello hace que nos encontremos con la necesidad de la ampliación del período de tiempo del expediente laboral, pasando los trabajadores a una situación económica muy distinta y en otro espacio de tiempo", le explicaba el obispo emérito a Antonio Fernández en ese escrito publicado por El Independiente, que adelantó la noticia.

Fruto de esta carta, el 30 de julio de 2009, el entonces director general de Empleo y Seguridad Social, Juan Márquez, resolvió conceder una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros y encomendó el pago a la agencia Idea "con el visto bueno de Agustín Barberá", indica el atestado de la Guardia Civil.

Es por este motivo por el que se entiende que se han incumplido los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación propios de la concesión de subvenciones, a lo que la UOPJ suma el hecho de que no se acreditara "suficientemente el carácter excepcional de la ayuda". De igual forma, la Guardia Civil aprecia "una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió, qué condiciones y/o requisitos deben reunir los solicitantes de estas ayudas y cuál es la legislación que lo ampara".

Sobre el Obispado, señala el atestado remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que los 300.000 euros ingresados por el Obispado "pasaron a formar parte del gasto corriente, sirviendo para abonar todo tipo de facturas". Consideran por tanto los agentes que han llevado a cabo la investigación que la responsabilidad penal "corresponde a los intervinientes en dicha subvención y en concreto a los responsables de la administración de la Junta que decidieron conceder una subvención económica saltándose el procedimiento establecido para ello".

No obstante, también señalan al obispo Ceballos al considerar que "puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias por su intervención directa en los hechos con los responsables de Empleo para la consecución de la ayuda económica, prescindiendo del procedimiento establecido para ello".

Y en última instancia, se critica la actuación de la Consejería de Economía, que en febrero de 2013 acordó el archivo de las actuaciones del expediente de revisión de oficio sobre esta ayuda al entender que no había mala fe de los trabajadores. Una resolución que para la Guardia Civil "carece de racionalidad", llegando a valorar -con cierta dosis de ironía- "que con dicha actuación se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado".

Precisamente desde el Obispado prefirieron ayer -consultados por este periódico- guardar silencio en torno a esta noticia que saltó a última hora de la tarde.

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