Ni con la bendición estatal son capaces algunos ayuntamientos de saldar las deudas con sus proveedores. La Confederación de Empresarios de Cádiz, como patronal del sector, y ejecutivos particulares de la provincia han dado la voz de alarma, porque ya lo es, sobre la negativa de algunos consistorios gaditanos a acogerse a la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para desbloquear el cobro de facturas públicas atrasadas. El rosario de impagos es millonario en la mayoría de casos, ya sea pequeño, mediano o gran ayuntamiento, y hay deudas que se remontan a cuatro y cinco atrás, es decir, a los ejercicios 2004 ó 2005.

Este panorama de incumplimientos sólo se da en la Administración pública, ya que, a diferencia del sector privado, las instituciones públicas no son susceptibles de un embargo judicial y las reclamaciones ante los tribunales pueden demorarse años.

Para solventar esta acumulación insostenible de impagos surgió el pasado 7 de mayo la línea ICO de avales-anticipos. Las empresas y autónomos pueden acogerse a esta fórmula estatal para reclamar a los ayuntamientos el cobro de sus facturas o certificaciones pendientes. El papel del ICO consiste en avalar el 100% de la cantidad debida (para cubrir posibles descubiertos o incapacidad económica del consistorio) y el procedimiento se realiza a través de los bancos y cajas. La fórmula, como medida de choque, parecía buena, sobre todo porque hay disponibles nada más y nada menos que 3.000 millones de euros (casi un tercio del primer gran plan Zapatero, el llamado PlanE para reactivar la construcción).

En el papel parecía celestial, pero la realidad ha dado un nuevo mazazo al sector privado gaditano porque hay consistorios de la provincia, sobre todo los que arrastran mayor endeudamiento, que se niegan a acogerse a la línea ICO arguyendo que su nivel de asfixia financiera es tan alto que no pueden reconocer y asumir los pagos reclamados por los empresarios. El problema es que, aunque el Estado respalda la operación con un aval de hasta el 100% del valor de la factura, el consistorio debe abonarla, tarde o temprano, lo que implica un desembolso que, por reducido que sea, puede desequilibrar las maltrechas cuentas municipales. Las empresas tienen hasta el 31 de julio para reclamar la deuda a través de las entidades financieras y el consistorio o diputación debe satisfacerla al banco o caja antes del 1 de diciembre. Si no lo hace, el ICO aporta el aval pero 'se cobra' la cantidad impagada deduciéndola de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) -procedente de los impuestos del IVA, el tabaco y los hidrocarburos, entre otros- que le corresponde cada a la institución local en función de su población y de una serie de compensaciones. Este recorte puede ser fatal para el consistorio porque es su principal fuente de ingresos, según explican desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Para estos, es un caramelo envenenado y que, debido a su alta insuficiencia económica, es pan para hoy y hambre para mañana.

El primer balance de esta línea refleja esta situación. En los dos primeros meses, el ICO formalizó más de 10.300 operaciones que tuvieron un valor total de 49,4 millones, una cantidad ínfima en comparación con los 3.000 millones disponibles y que evidencia la escasa efectividad de la iniciativa estatal. El presidente del ICO, Aurelio Martínez, lo reconoció en la presentación de estos datos la semana pasada: sólo el 46% de las facturas presentadas por pymes y autónomos se han reconocido. Aunque no profundizó en las causas, sí apuntó que se debía a "fallos de forma" o a que las entidades no las admiten.