Acusan a un funcionario de inscribir a parejas de hecho ilegalmente

  • El fiscal solicita ocho años de prisión para el empleado público y otros dos para un asesor como cooperador

Acusan a un funcionario de inscribir a parejas de hecho ilegalmente Acusan a un funcionario de inscribir  a parejas de hecho ilegalmente

Acusan a un funcionario de inscribir a parejas de hecho ilegalmente

La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará próximamente a un funcionario acusado de inscribir irregularmente a parejas de hecho mixtas, conformadas por un ciudadano español o comunitario y un ciudadano extranjero, en el registro que a tales efectos tiene establecido la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la Delegación Provincial de Cádiz.

La Fiscalía solicita para el empleado público la pena total de ocho años de prisión por los delitos continuados de falsedad en documento oficial y de infidelidad en la custodia de documento público.

El fiscal sostiene que el funcionario "hizo desaparecer" 115 expedientes amañadosEl acusado efectuó registros ilegales "a propuesta de varios consistorios gaditanos"

Asimismo, la acusación pública pide dos años y nueve meses de cárcel para otro procesado -que ejercía como gestor y asesor de ciudadanos extranjeros en España- por cooperar en la tramitación fraudulenta de los expedientes administrativos de registro de parejas de hecho.

Así, el fiscal expone en sus conclusiones provisionales que durante los años 2013 y 2014 los dos encausados se dedicaron "de forma concertada" a formalizar ilegalmente parejas de hecho. Para ello, precisa el Ministerio Público, el funcionario consignó en el programa informático "datos que no se correspondían con la realidad, llegando a practicar inscripciones sin que los interesados aportaran documentación alguna" y, por lo tanto, "materializando registros sin controlar el previo cumplimiento de los requisitos legales necesarios".

Según consta en el escrito de calificación fiscal, el funcionario, en connivencia y a instancia de su cómplice (el asesor de extranjeros), efectuó inscripciones fraudulentas en las que hacían constar que las mismas se realizaban "a propuesta de varios ayuntamientos" de la provincia (San Roque, La Línea, Chiclana y San Fernando) cuando eso "era falso".

El empleado público, que tenía confiado por razón de su cargo la custodia de los expedientes de las parejas de hecho, "hizo desaparecer los referidos documentos de forma deliberada y como medio para ocultar las irregularidades cometidas" en los registros efectuados "de forma falaz" entre un ciudadano extranjero y otro español o comunitario para evitar de este modo ser descubierto en su práctica ilícita.

Así, señala la Fiscalía, de los 247 expedientes de parejas mixtas tramitados en la Delegación Territorial de Cádiz en el año 2013, el funcionario se deshizo de 70 expedientes. Durante el año 2014 se gestionaron 127 inscripciones de parejas mixta, "habiendo ocultado de la misma manera el acusado 45 de estos expedientes". En total, "desaparecieron" 115 asuntos. En contraposición, todos los expedientes de parejas de hecho formadas por dos ciudadanos españoles se conservan debidamente en los archivos.

Este asunto iba a ser juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz el próximo lunes, 16 de abril, si bien la vista oral se ha suspendido en el último momento porque varios de los testigos no han sido localizados. El caso está ahora a la espera de un nuevo señalamiento.

modus operandi

El fiscal sostiene que el principal acusado en esta causa, trabajador del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, consignaba en el sistema informático de la Junta inscripciones de parejas de hecho haciendo constar en el programa, "a sabiendas de su falsedad", que el registro se efectuaba a propuesta de diferentes consistorios gaditanos y que los solicitantes habían realizado los trámites legales y habían presentado la documentación oportuna para conseguir dicha inscripción.

"Ninguna de las parejas, todas ellas con domicilio en la provincia de Málaga, habían acudido a los respectivos ayuntamientos que aparecían en el sistema informático, ni habían gestionado ante estos organismos trámite alguno", explica el fiscal en sus conclusiones provisionales. De esta manera, el procesado practicaba las filiaciones "prescindiendo de los requisitos legales y careciendo de los documentos necesarios".

Una vez formalizado el registro en el programa informático, se emitía una propuesta de resolución en la que se hacía constar que todo el procedimiento se había desarrollado conforme a la legislación vigente. Después, tras la firma del delegado responsable, dicha propuesta desembocaba en "la inscripción indebida de estas parejas en el Registro Público Oficial", sostiene el fiscal.

ocupaciones

El empleado público (personal laboral fijo perteneciente al Grupo III, categoría de profesional administrativo) ha venido desempeñando desde el año 2006 aproximadamente su actividad como profesional en el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia en la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

El otro encausado, asesor de ciudadanos extranjeros en España, se dedicaba profesionalmente a la completa tramitación del registro de parejas de hecho. Entre sus funciones estaban: suministrar información a los solicitantes, recibir de los demandantes la documentación exigida legalmente para practicar la inscripción como pareja de hecho y supervisar esta información. Una vez corroborada la documental y acreditado el cumplimiento de las exigencias legales, este procesado debía grabar los datos facilitados en la aplicación informática SISS (Sistema Integrado de Servicios Sociales) y, tras esto, emitir la propuesta de resolución, la cual debía pasar a la firma del órgano competente. Del mismo modo, estaba encargado del archivo de los expedientes por él tramitados, ya que estaban bajo su custodia.

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