La juez de Instrucción número 13 de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por Participa Sevilla contra el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, y los agentes de la Policía Local que desalojaron, en junio, del Consistorio a concejales de Participa e IU-CA y a trabajadores de Lipasam. En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la juez María José Moreno Díaz archiva la denuncia "por atipicidad penal", al entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal, todo ello "previo visto" bueno de la Fiscalía; "y con reserva en su caso de las acciones civiles que a los perjudicados puedan asistir".

Participa ha recurrido la decisión de la magistrada "por falta de motivación", ya que el auto "no contiene una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha conducido al juez a la adopción del acuerdo recurrido", a lo que se suma que "no se ha llevado a cabo una investigación suficiente para esclarecer los hechos denunciados". A su juicio, "existen importantes lagunas que conviene aclarar antes de declarar que no existe ilícito penal, debiendo practicarse las diligencias de instrucción que se entiendan necesarias y las que se solicitan de parte".

El proceso se inició por el desalojo de ediles y empleados de Lipasam en el Ayuntamiento

Participa añade, en su recurso, que "no se puede descartar que nos encontráramos ante un delito de prevaricación, otro contra los derechos individuales y dos delitos de lesiones leves".

"La decisión de proceder al archivo de las actuaciones debe ser adoptada cuando, después de una completa investigación y con conocimiento pleno de las circunstancias en que se han desarrollado los hechos denunciados, podamos llegar a la conclusión de que los hechos son atípicos, y por ello entendemos eso no se ha producido en el presente caso", argumenta el abogado Luis de los Santos.

La denuncia fue motivada por la actuación de funcionarios que, "por órdenes expresas del denunciado, son golpeados y denunciados de la Casa Consistorial", por lo que "existen cuanto menos indicios de que el delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, dio órdenes expresas para que los funcionarios que se encontraban bajo su mando ejecutaran una serie de acciones injustas y a sabiendas de la ilegalidad de las mismas".

Participa considera que, "presuntamente, se ha impedido el ejercicio de los derechos políticos e individuales que les corresponde a los concejales de la oposición, que intentaban reunirse con un colectivo crítico con la acción de gobierno del propio Ayuntamiento". Esta forma de actuar es "inadmisible en un Estado de Derecho en el que el poder ejecutivo tiene las competencias suficientes para imponer sus decisiones sin necesidad de realizar actos llenos de violencia y desproporcionalidad", añade.