La Junta Única de Resolución europea (JUR) ha ordenado que se liquiden Banca Popolare de Vincenza y Veneto Banca conforme a las normas italianas después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya declarado que ambas son inviables o están en camino de serlo por falta de capital.

"El 23 de junio, el Banco Central Europeo determinó que Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza eran inviables o tenían probabilidad de serlo dado que los dos bancos han incumplido repetidamente los requisitos de capital regulatorio", dijo en un comunicado el BCE, que se encarga de la supervisión de las entidades europeas.

La institución de Fráncfort afirmó que dio a ambos bancos tiempo para presentar planes de capital pero estos fueron incapaces de ofrecer "soluciones creíbles" de cara al futuro.

El BCE informó después de la situación a la JUR, que concluyó que las entidades no cumplían con las condiciones para ponerlas en resolución bajo el marco europeo, y determinó que estas deberán liquidarse siguiendo las normas italianas. En concreto, la JUR ha considerado que no se cumple la condición de que la resolución europea de estos bancos sea necesaria para salvaguardar el "interés público".

"Ninguno de estos bancos proporciona funciones críticas, y no se espera que su quiebra tenga un impacto adverso importante sobre la estabilidad financiera", afirmó en un comunicado el organismo presidido por Elke Köning. En consecuencia, la liquidación de las entidades deberá producirse bajo los procedimientos de insolvencia italianos habituales.

De acuerdo con la Directiva europea de Reestructuración y Resolución Bancaria, para que una entidad pueda ser salvada con procedimientos europeos deben darse tres condiciones: que sea inviable o esté en vías de serlo, que no existan alternativas privadas o acciones de supervisión que permitan evitar la quiebra y que la resolución sea necesaria para salvaguardar el interés público, condición esta última que se no se da en el caso de las italianas.

Esto permite a Italia evitar las estrictas normas de resolución europea, que exigen aplicar quitas a accionistas y acreedores como se vio en el caso del Banco Popular español, y abre la puerta para que Roma pueda inyectar dinero público en las entidades, cuya liquidación deberá respetar solo las normas de ayudas de Estado comunitarias.

El caso es, por tanto, diferente del de Banco Popular, que fue puesto bajo resolución por orden europea y vendido finalmente al banco Santander puesto que cumplía con las tres condiciones.

La de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, cuyas dificultades se conocían desde hace tiempo, es la segunda decisión sobre el futuro de la banca europea que toman la JUR y el BCE desde que empezaron a funcionar los mecanismos de la Unión Bancaria puestos en marcha tras la crisis, cuyo objetivo es gestionar a nivel europeo las posibles quiebras de entidades sistémicas y evitar los rescates pagados por el contribuyente.