Tribuna

Juan pablo Pérez-Bustamante

Inspector de Trabajo

El papel del Derecho

Vamos por mal camino y estamos apartando al Derecho de su verdadero significado como instrumento de ordenación social

El papel del Derecho El papel del Derecho

El papel del Derecho / rosell

Como punto de partida nos podemos hacer una serie de preguntas: ¿es necesario que el Derecho evolucione desde la ordenación de la convivencia de los ciudadanos hasta la construcción de una moral social que gire en torno a la dignidad de las personas? ¿Cuál es la posición que tiene que asumir el Derecho en la sociedad? ¿Cómo se articula el Derecho como medio de ordenación social?

Con la finalidad de analizar si la utilización del Derecho está sirviendo para articular una esfera de protección que garantice una mínimamente digna calidad de vida de los ciudadanos, presento algún ejemplo:

Si sube el salario mínimo interprofesional en un 4%, el recibo del gas natural un 4,9%, el de la calefacción a gas un 6,6% y el recibo de la luz lo hace en un 2,5%; y si los directivos de las empresas que gestionan, de modo privado, servicios esenciales a la comunidad reciben indemnizaciones de millones de euros cuando salen de estas empresas a través de contratos blindados, ¿está funcionando el Derecho como instrumento de ordenación social?

Si la Seguridad Social está en situación de déficit con mayores gastos que ingresos, agujeros creados por pagar rescates bancarios con sueldos millonarios de sus gestores, con una población envejecida y dificultades de creación de empleo que desequilibran el número de cotizantes y de pensionistas, ¿es lógico que haya planes de prejubilaciones a los 52 años o incluso menos o que los políticos generen pensiones vitalicias?

La respuesta no puede ser otra que la obvia: el Derecho no está funcionando como medio de ordenación social. El Derecho, antes que nada, ha de buscar la cohesión social a través de la igualdad y de la solidaridad. En los ejemplos que he mencionado se articulan leyes: para el salario mínimo interprofesional, para las tarifas eléctricas, para las altas indemnizaciones en los contratos de los ejecutivos, para las prejubilaciones, para las pensiones de los políticos. Creo que si nos paramos a pensar, la mayoría coincidiremos en que todas estas leyes no son justas.

España, me atrevería a decir, es uno de los países del mundo con mayor volumen de regulación legal en todos los ámbitos, muchas veces innecesaria y manifiestamente incumplida. El papel del Derecho no es hacer leyes y más leyes, sino ordenar la sociedad.

La legalidad y la ilegalidad se tocan y conectan. Circular por una circunvalación a 49 o 51 cuando el límite es 50, diferencia la legalidad de la ilegalidad, pero la diferencia es prácticamente ninguna, no es mucho más peligroso conducir a 49 que a 51. Con todo esto lo que quiero expresar es que en un análisis de la ley, la desconexión de la misma con la búsqueda de la cohesión social es evidente. No es la única función de la ley normar, sino que también ha de buscar la justicia social. No es de derechas ni de izquierdas, socialista o liberal, sino básicamente humanista lo siguiente: con un salario mínimo interprofesional de 700 euros mensuales, no pueden existir sueldos de decenas o cientos de miles de euros mensuales; la gestión de los servicios esenciales a la comunidad tiene que estar en manos públicas y no particulares; las pensiones de los parlamentarios son absolutamente injustas para con el resto de trabajadores que tras una vida laboral de 35, 40 o más años acceden a su jubilación.

Vamos por mal camino y estamos apartando al Derecho de su verdadero significado como instrumento de ordenación social. En España, desde hace muchos años, hay tal enormidad de normas injustas que la situación escandaliza.

Conviene recordar a los señores legisladores y a sus asesores, rutilantes profesionales del Derecho y de la Economía, que la equidad, tal como preceptúa el Código Civil debe de ponderarse en la aplicación de las normas y que la equidad social es uno de los valores esenciales del Derecho. La equidad la define el Diccionario de la Real Academia Española, en la segunda de sus acepciones, de la siguiente manera: "Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra".

En definitiva, el objeto del Derecho y, por tanto de la ley, no es otro que hacer un mundo y una sociedad más justa. Si con las leyes favorecemos a unos y nos olvidamos de los más desprotegidos, la igualdad real seguirá siendo una quimera.

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