Tribuna

Antonio Benítez Gallardo

Licenciado en Ciencias Químicas

Los malos olores en Algeciras (II)

Es clamoroso el silencio de las empresas presuntamente implicadas en los incidentes denunciados Nadie ha ofrecido explicación alguna sobre la contaminación atmosférica

Prueba evidente de que nada le importamos a los responsables de las entidades públicas y las empresas privadas implicadas en los incidentes de contaminación atmosférica que ocurrieron en nuestra ciudad entre los días 24 y 30 del pasado mes de julio es el hecho de que nadie ha ofrecido explicación alguna sobre lo acaecido.

Más de dos semanas después, agotado el filón publicitario que explotó tras la noticia, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ni siquiera ha tenido a bien dar a conocer a la opinión pública las respuestas –o la falta de respuestas– a las cartas que envió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al subdelegado del Gobierno de la Nación y a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), o confirmar que la Fiscalía ha admitido a trámite –o no– su denuncia. No obstante, al margen de exigirle que cumpla el deber que tiene de preocuparse y de ocuparse de reclamar –y conseguir– la actuación de las administraciones competentes, poco más puede pedírsele, excepto que no asuma competencias que no le corresponden a costa del dinero de todos.

Quien sí tiene mucho que decir –y no lo dice– es el delegado de la Consejería de Medio Ambiente en la provincia, Ángel Acuña. Aunque respondió de inmediato a la carta del alcalde (aprovechando para recordarle de paso la permanente pestilencia de los vertidos incontrolados de aguas residuales sin depurar), aún no ha dicho nada de los resultados de la investigación que ordenó abrir en su día, a la busca de un foco fantasma cuyas “emanaciones –en su opinión– no se ajustan a los focos habituales de olores a hidrocarburos”, exonerando a priori a las instalaciones de Isla Verde, pese a las afirmaciones rotundas de los propios técnicos de la Junta en la comarca.

Pero no sólo tiene mucho que decir: también, y sobre todo, tiene mucho que hacer. En la Resolución de 12 de julio de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formuló declaración de impacto ambiental del proyecto “Terminal marítima de almacenamiento y distribución de hidrocarburos en el puerto Bahía de Algeciras”, se establece explícitamente que corresponde a la Agencia (hoy Consejería) de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la vigilancia y control de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes” para lo cual, en los vertidos controlados de gases a la atmósfera, se realizarán “inspecciones periódicas y se llevará un libro de registro” y, para prevenir vertidos incontrolados, se realizarán “inspecciones periódicas visuales y pruebas de estanqueidad de los puntos sensibles de las instalaciones.” En consecuencia, es absolutamente imprescindible que el Delegado provincial confirme –con pelos y señales– que tales controles se realizan con la frecuencia y periodicidad requeridas para prevenir situaciones como las vividas a finales del pasado julio, que ponen en riesgo la salud de todos.Sorprende asimismo el silencio de los responsables de la APBA habida cuenta de que los usuarios y, particularmente, todos los trabajadores del puerto –los propios y los de otras empresas e instituciones portuarias– son los que, por la proximidad de los potenciales focos de emisión, están expuestos a concentraciones de contaminantes aún mayores que las soportadas por el resto de la población. Fueron precisamente empleados de la APBA los que necesitaron asistencia médica, afectados por los vertidos contaminantes a la atmósfera. Algo tendrán que decir –y hacer– quienes conforman la alta dirección y el Consejo de Administración de la APBA.

Porque la contaminación habida ha tenido su origen – a la espera de lo que determine la investigación abierta por la Delegación de Medio Ambiente – en las operaciones de descarga, manipulación, trasiego y carga de millones de toneladas de los productos potencialmente peligrosos y contaminantes, almacenados en las instalaciones de la Isla Verde, resulta clamoroso el silencio de las empresas presuntamente implicadas en los incidentes denunciados. Además de los deberes que la ley les impone, las empresas han asumido voluntariamente, y así lo pregonan, el compromiso de realizar sus actividades conforme a normas de gestión de calidad y de gestión medioambiental internacionales, las mismas que, por cierto, también aplica la APBA en sus actividades .

El compromiso adquirido las obliga establecer y definir un protocolo de comunicación de los aspectos medioambientales de interés a las partes que la norma llama “interesadas”, que no son otras que sus propios empleados, las administraciones públicas, y la sociedad en general, en particular cuando se dan circunstancias de contingencia medioambiental. Contingencia medioambiental hubo, y contingencia reiterada varios días, a lo largo de la última semana de julio. Por ello no se entiende su silencio, porque también ellas tienen mucho que decir.

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