La comisaría de la Policía Nacional de La Línea se ha reforzado temporalmente esta semana con una treintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial tras los gravísimos incidentes ocurridos el pasado domingo, cuando entre cincuenta y cien personas apedrearon a un grupo de guardias civiles y de policías nacionales que acudieron en su auxilio cuando se disponían a intervenir para evitar un alijo de hachís en la playa del Tonelero, situada en la localidad. Este incremento de los efectivos decidido por el Ministerio del Interior es oportuno a todas luces, aunque a la vista de los acontecimientos no debiera ser un hecho aislado. Desde hace demasiados años, La Línea y otros puntos del Campo de Gibraltar están siendo escenario de la acción de diferentes grupos mafiosos que utilizan el litoral como punto de desembarco de las narcolanchas cargadas de hachís, procedentes de Marruecos, con el agravante de que ahora no dudan en actuar violentamente contra los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. También el domingo, dos policías locales de San Roque resultaron heridos después de que su coche patrulla fuese embestido por los narcos con un vehículo todoterreno robado. Solo la fortuna, hasta ahora, ha evitado que los daños personales entre los agentes no hayan sido mayores. Lamentablente no se trata de "hechos aislados" tal y como sostiene en su papel de apagafuegos el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, sino de nuevos episodios en la progresiva escalada de violencia de las mafias, algunas de las cuales -según desveló también esta redacción el pasado mes de diciembre- estarían controladas por grupos yihadistas que controlan la producción y venta de hachís para financiarse. En las páginas de Europa Sur hemos narrado a lo largo de los últimos meses otros casos en los que varias patrullas policiales han quedado prácticamente inutilizadas tras ser abordadas sin miramientos por los narcotraficantes, a lo que se unen algunos tiroteos protagonizados por grupos que tratan de robarse la droga o de saldar cuentas pendientes a plena luz del día. El sabotaje, por dos veces, de la narcobarrera en el Guadarranque prueba el daño que su instalación ha causado a las mafias, pero también la impunidad con la que creen actuar quienes cortaron los barrotes que unen los pilotes instalados en el lecho del río. El Gobierno debe marcarse como prioritaria la lucha contra el narcotráfico y sus lamentables consecuencias sociales. Es urgente dotar al Campo de Gibraltar de más medios y poner fin a la tasa de reposición cero en los cuerpos y fuerzas de seguridad, que ha provocado una paulatina merma de los efectivos destinados en la comarca. En esa lucha encontrará, sin duda, el respaldo de todos los partidos y del conjunto de campogibraltareños.