La Administración Trump ha puesto en su punto de mira a la aceituna de mesa española. Tras una denuncia por parte de algunas empresas californianas, el Departamento de Comercio de EEUU ha iniciado una investigación para determinar si las empresas españolas han incurrido en competencia desleal al realizar dumping, una mala práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o, incluso, por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Todavía no es más que una investigación, pero de prosperar haría un daño importante a la economía exportadora andaluza, que tiene en el sector agroalimentario una de sus principales bazas. Sirva un dato: más de la mitad de la producción de la aceituna de mesa española se sitúa en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla.

El argumento de las empresas norteamericanas para su acusación son las ayudas públicas que ha recibido el olivar español a cargo de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, como bien exponen los productores, estas ayudas no son ni mucho menos exclusivas de la aceituna de mesa española, sino que benefician al conjunto de la agricultura del Viejo Continente. ¿Por qué poner, entonces, en el punto de mira en la oliva de nuestro país? ¿A qué intereses está intentando beneficiar o perjudicar la Administración Trump?

Como señalábamos, el daño a nuestra economía, de prosperar la denuncia, sería importante. En 2016, el área de Norteamérica (EEUU, Puerto Rico, Canadá y México) ocupó el segundo lugar en las exportaciones españolas de aceituna de mesa, tras la UE, con un 28,1% de las mismas. Una subida relevante de los aranceles al producto -que sería la principal sanción- aumentaría considerablemente su precio y, por lo tanto, perjudicaría gravemente su competitividad pese a su reconocida calidad.

El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, un conocido magnate e inversor, ha asegurado que la investigación será justa y rigurosa, y en principio no tenemos por qué dudar de sus buenas intenciones. Sin embargo, es obligación de las autoridades españolas vigilar muy de cerca que esto sea así y que no se produzcan actos arbitrarios que perjudiquen nuestras exportaciones. El Ejecutivo debe dejar claro que nuestras empresas operan dentro de la legalidad de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio.