Todos tenemos en mente algún episodio personal o de alguien cercano en un centro de salud o en las urgencias de un hospital del SAS. Esperas de varias horas para ser atendido, falta de atención suficiente, mal estado de las instalaciones y ausencia general de medios humanos y materiales son algunas de las quejas habituales entre quienes alguna que otra vez nos vemos obligados a hacer uso de la sanidad pública. La oleada de mareas blancas que a lo largo de los dos últimos años están llenando las calles de Andalucía en demanda de mejoras no son casuales ni fruto del capricho o de la movilización promovida desde o en exclusiva por un partido político o sindicato. Está sujeta a situaciones reales que suceden a diario. La Línea de la Concepción y Algeciras han sido los dos últimos grandes municipios en los que la ciudadanía ha mostrado de forma masiva su malestar por el empeoramiento de los servicios sanitarios.

Si buceamos en los presupuestos que la Junta de Andalucía destina a la sanidad nos topamos de bruces con la realidad: desde 2010, la administración andaluza ha reducido en 7.000 millones de euros el dinero destinado a esa área, lo que se ha traducido en un recorte de las contrataciones, cierre de camas y precipitadas fusiones hospitalarias a las que se ha tenido que dar marcha atrás porque anteponían el ahorro a la calidad en la prestación, es decir -por crudo que suene- a la salud de los pacientes. ¿Puede un médico de atención primaria diagnosticar a un enfermo en solo 60 segundos, tal y como se les ha pedido en una circular interna a los facultativos de varios ambulatorios de Málaga este verano?

No cabe duda de que el sistema de financiación de la Sanidad, como el de la Educación o el de los servicios de Dependencia -prestaciones que componen eso que un día llamamos el Estado del Bienestar- necesita de una reforma urgente acorde a las necesidades actuales, con nuevas vías para dotarlo de más recursos.

Como ocurre en todo ámbito administrativo, es de suponer que existe cierto margen de mejora en la gestión, pero simultáneamente quizá deberíamos preguntarnos por nuestra disposición a pagar más impuestos para mejorar el sistema, ya sea de forma directa vía IRPF, de gravar más las gasolinas o a través de un copago disuasorio por cada acto médico que recibamos. O recordar también que tenemos en nuestras manos la posibilidad de exigir a nuestros gobernantes que cambien el bolígrafo con el que firman los decretos. ¿Un ejemplo? Los 40.000 millones de euros del rescate público de la banca y que nunca volveremos a ver. Cuestión de prioridades.

Un apunte final: No culpemos a los migrantes porque está demostrado que el coste de la asistencia sanitaria que reciben es ridículo en comparación con el gasto global, a lo que se suma que el saldo de sus aportaciones a la Seguridad Social es positivo. Tampoco responsabilicemos a los jubilados del resto de la UE que se operan de cadera en la Costa del Sol porque esa es una factura que pagan sus países de origen. Los británicos, 200 millones de euros en 2016.