Como ocurre en el caso del presidente Rajoy, hay quien cree que el ministro Dastis hace bien en no hacer nada. Incluso algún analista de la zona ha dejado percibir, en un comentario radiofónico, que la pasividad del ministro es un saber estar que denota inteligencia fina. Mientras tanto, todos piensan en el "mejor Gibraltar", como diría el chief minister Picardo, con ocasión de su mensaje de Año Nuevo, emitido por la televisión gibraltareña, la GBC, el pasado lunes. Casi coincidiendo con la preocupación por un mejor Gibraltar; al parecer, la más notoria de todas las preocupaciones; las colas volvían a las inmediaciones de la verja, cuando al caer la tarde, la vuelta de los trabajadores acumulaba personal en el puesto de control que separa a la colonia del término municipal de La Línea.

En Exteriores han optado por dejar pasar el tiempo y, si es el caso, marear la perdiz en el coro de los alcaldes, hasta ver qué pasa en Bruselas. La premier May va de aquí para allá, colocando y descolocando colaboradores, mientras en la colonia tiemblan al pensar en un futuro que depende completamente de España y rezan en iglesias, mezquitas y, sobre todo, en sinagogas para que nuestro Gobierno no se dé cuenta de que tiene la sartén por el mango y el mango también. El chief minister amenazaba veladamente en su discurso con la mejor de sus bazas: la preservación de la especie de trabajadores transfronterizos, la reserva para el mantenimiento de sus anhelos. Sin estos incontrolados (dícese) miles de personas dependientes de la escena donde reside el devenir yanito, Gibraltar no sería nada; no tendría tramoya para opacar sus secretos. El oxígeno para todos sus privilegios le llega a la colonia a través de la verja.

Sin embargo, a nadie se le ocurre -¡hay que ver cómo se distraen en otro menesteres!- disponer lo necesario para que esas personas dejen de constituir un problema. Ábrase una inspección minuciosa, establézcase un plazo, largo y ancho, para inscribirse entre los posibles damnificados por un eventual cierre de la verja, recúrrase a toda clase de medios y elabórese un censo. Después, ya hablaremos. Porque mientras no se sepa con precisión cuál es el perjuicio real que pudiera ocasionarse, no puede afrontarse con seriedad el asunto. Claro que hay mucha más tela que cortar, pero el Gobierno no ha de preocuparse por las cuitas inconfesables, sino por lo que puede escribirse en los papeles.