El 21-D ha dibujado un escenario endiablado: una sociedad escindida en dos mitades casi idénticas y aparentemente irreconciliables, un panorama político fragmentado y una arquitectura institucional debilitada.

Vamos a lo inmediato. Puigdemont es el único líder que cree fácil la salida a esta crisis. Consiste, en su opinión, en la restitución de la situación anterior al artículo 155 de la Constitución y la anulación del proceso judicial abierto contra él y los otros dirigentes del golpe de Estado separatista. Él regresa a la Generalitat al frente de su govern, los presos preventivos son puestos en libertad y el Tribunal Supremo cierra las diligencias contra todos ellos. Y colorín colorado. ¿Cómo piensa conseguirlo? Negociando con Rajoy desde su posición de fuerza tras "ganar" las elecciones autonómicas.

Como digo, Puigdemont es el único que lo ve así de fácil. Para empezar, hay ocho diputados electos independentistas, entre huidos y presos (incluyendo al propio Puigdemont), que pueden conseguir sus actas mediante apoderado, pero no acudir a votar al Parlament salvo que el magistrado del Supremo que instruye su causa los autorice. Si no logran el permiso judicial, se acaba la mayoría independentista.

Carles Puigdemont y demás prófugos serían detenidos e interrogados si vuelven a Cataluña al calor del -relativo- éxito electoral. Claro que el juez instructor puede autorizar la salida del ex president de la prisión preventiva para dar su discurso de investidura en el Parlamento, y retornar a chirona a continuación. Ya pasó con un candidato batasuno-etarra en 1987. Pero lo que no podrá es gobernar estando preso. Materialmente, quiero decir.

Nada de esto entra, en realidad, en la cabeza del Fantasma de Bruselas. Él ya da por hecho que recibirá el apoyo de ERC y la abstención de la CUP, que volverá del autoexilio libre de cargos y será repuesto en el Palau de la Generalitat tras el trámite de la investidura. Todo gracias a que Mariano Rajoy asumirá su fracaso y pactará de buena fe la restauración de la normalidad institucional de Cataluña, suspendiendo la acción de la Justicia y buscando una solución política -con mayúsculas, por supuesto- al desencuentro con el Estado español.

No va a ocurrir porque no puede ocurrir. Ni Rajoy puede ordenarle al juez que se entierren las diligencias, ni el juez podría obedecerle si lo hiciera, ni el nuevo Parlament puede declarar la independencia sin que Rajoy lo combata. El lío es tremendo.