EN el argumentario convencional de la izquierda el déficit público se ve como una política "progresista" porque genera empleo y permite mantener las prestaciones sociales, mientras que el equilibrio presupuestario es "de derechas", porque supone someterse a la ortodoxia de los mercados.

¿Así de sencillo? A mí no me lo parece.

Hablar de la bondad del déficit o del equilibrio presupuestario sin decir cómo se generan es un grave error de planteamiento. Se puede generar déficit reduciendo los impuestos a los ricos o despilfarrando, y se puede alcanzar el equilibrio presupuestario subiendo la presión fiscal sobre las grandes fortunas o tasando las transacciones interbancarias. ¿Qué es de derechas y qué es de izquierdas?

Tengo la impresión de que en ocasiones se nos olvida algo bastante obvio: los datos. En las condiciones actuales resulta necesario tanto el estímulo al crecimiento como el control del déficit. Lo primero, porque con casi cinco millones de parados algo serio habrá que hacer. Lo segundo, porque necesitamos afirmar nuestra credibilidad como deudores (y esto no es una cuestión estética, sino que afecta directamente al bienestar social, porque estamos hablando de la posibilidad de refinanciar lo que debemos y de hacerlo a costes razonables). Uno esperaría que los políticos discutieran a partir de estimaciones del impacto relativo de ambos tipos de medidas para saber en qué dosis y con qué timing aplicarlas, y de las acciones compensatorias tendentes a paliar sus efectos secundarios. Pero no parece ser ese el eje de la discusión.

La escasa preocupación por el equilibrio presupuestario en cualquier Administración pública parece formar parte de la cultura de nuestro país. De suerte que todo el mundo está encantado cuando su ayuntamiento ofrece un nuevo servicio, el Ministerio de Fomento construye una nueva autopista, o el gobierno regional consigue por fin abrir un aeropuerto en aquella provincia que no lo tenía. Raramente nos preguntamos de dónde saldrá el dinero para sufragar los costes de estas iniciativas o qué otras cosas podríamos haber conseguido en su lugar. Los políticos, por su parte, tienden a alimentar interesadamente esta ficción escondiendo los costes de sus decisiones.

O sea, que todos estamos contentos haciéndonos trampas en el solitario. Unas trampas consagradas por la normativa vigente según la cual un cargo público puede generar un perjuicio económico notable a la comunidad, gastando mucho más del presupuesto de que dispone o no pagando sus deudas, sin que le pase nada. A diferencia de lo que les ocurre a las familias y las empresas.

Otros países son mucho más sensibles a las implicaciones de las decisiones públicas porque son conscientes de su impacto sobre los impuestos y sobre la generación de unas deudas que comprometen el futuro. Porque la existencia de déficit significa que nos estamos comiendo los recursos futuros. Yo, francamente, no veo que esto sea particularmente "de izquierdas". Distinto es que cuando se habla de reducir el déficit se esté en realidad hablando no sólo de ajustar ingresos y gastos sino de cambiar el sistema fiscal. Pero ése es otro tema.

El Gobierno y el principal partido de la oposición acaban de acordar incorporar el equilibrio presupuestario en la norma constitucional. La motivación de fondo es la necesidad de convencer a los mercados de que estamos dispuestos a manejar nuestras cuentas con el suficiente rigor como para no poner en peligro la devolución de lo que debemos. ¡Porque necesitamos que nos sigan prestando y buscamos obtener los créditos al menor coste posible! Habrá que ver cómo se articula la norma en las leyes que desarrollen este principio y, en particular, cuáles serán las implicaciones para las administraciones locales y autonómicas, y qué mecanismos de implementación se diseñan.

Como todo elemento del marco constitucional, una medida de este tipo supone renunciar a la discusión partidista sobre elementos que estimamos estructurales en la articulación de la sociedad. Por ello hay que ser muy cuidadosos con qué se pone y qué no se pone en la norma fundamental de un Estado. En este sentido es bastante discutible que se deba incorporar al texto constitucional un principio surgido de una necesidad coyuntural.

Dicho esto, creo que esta medida puede tener ciertas ventajas que terminen por hacer de la necesidad virtud. Puede servir para exigir que cualquier iniciativa pública cuente con los medios de financiación suficientes para su puesta en marcha. No es una cosa menor porque puede generar una disciplina en la toma de decisiones de la que hoy carecemos y hacer más conscientes a los ciudadanos de que las decisiones públicas las pagamos nosotros, que no hay un tercero a quien endosarle el coste. Y también contribuye a crear una cultura de colaboración entre los grandes partidos en temas que son esenciales para el futuro (aunque aquí sospecho que PSOE y PP buscan escudarse en la Constitución para poner orden en las cuentas de las comunidades y municipios, cosa que hasta ahora no han sido capaces de hacer).

A veces las normas pueden suplir la falta de buenas tradiciones. Y tal vez con este tipo de modificación constitucional empecemos a dejar de hacernos trampas en el solitario. Tal vez.