LA presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que continúa compatibilizando este máximo cargo institucional en su tierra con el de número dos del Partido Popular a nivel nacional, anunció ayer el previsto plan de ahorro en las cuentas públicas de su región. Dolores de Cospedal ha abandonado, al fin, el discurso victimista sobre la pesada herencia que le dejó el socialista Barreda en el gobierno castellanomanchego y que ha originado un serio conflicto con los farmacéuticos de la comunidad, que llevan meses sin cobrar sus servicios al sector público, y se ha decidido a asumir su responsabilidad como gobernante anunciando un programa de restricciones y ajuste duro. Tan duro que viene a significar una reducción del veinte por ciento en los presupuestos de Castilla-La Mancha para el ejercicio de 2012. La necesidad de cumplir la ley que obliga a las comunidades autónomas a cerrar el año 2011 con un déficit del 1,3% sobre el PIB, para asegurar la estabilidad presupuestaria que compromete al Estado español ante sus socios europeos y los mercados financieros, ha impulsado a la mandataria castellana a efectuar recortes cuantiosos en las cuentas públicas. Aparte de no iniciar ninguna obra de infraestructuras nueva, el plan de Cospedal apuesta por el ahorro en el gasto corriente de la comunidad autónoma, lo que conlleva el adelgazamiento de la Administración autonómica y la caída de las partidas relativas a coches oficiales, asesores, organismos y cargos políticos. Esto es coherente con la postura oficial reiterada del PP en el sentido de implantar la máxima austeridad en la gobernación de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, eludir cualquier subida de impuestos que pudiera asegurar la estabilidad presupuestaria por la vía de aumentar los ingresos. Está por ver, sin embargo, si este ahorro será suficiente para satisfacer el objetivo perseguido en materia de déficit o será sólo el primer paso de un ajuste más drástico que termine afectando a las prestaciones sociales básicas para los ciudadanos.