Hubo un tiempo de jauja no muy lejano en el que, en materia urbanística, todo valía. Hagamos memoria. Bajo el principio sacrosanto de la autonomía local -quién mejor que los ayuntamientos para conocer las necesidades de sus vecinos, eso se decía- las administraciones central y autonómicas cometieron una dejación de funciones imperdonable cuyas consecuencias directas fueron unos pelotazos urbanísticos de tomo y lomo, un encarecimiento disparatado del suelo y de las viviendas y una burbuja inmobiliaria con hipotecas basura que se llevó por delante a buena parte de nuestro sistema financiero, con el cierre de la mayoría de los bancos y cajas de ahorros de este país. No, no estábamos en el club de los elegidos, aunque alguno pusiera sus pies en la mesa de las Azores.

El origen de buena parte de ello hay que buscarlo en la reforma de la Ley del Suelo de 1998. Su aprobación fue una nefasta decisión porque, a la vez que depositó en los consistorios amplios poderes para hacer lo que quisieran en materia urbanística, consideró como suelo urbanizable todo espacio no protegido de forma específica por sus condiciones ambientales o paisajísticas. La ecuación de a más suelo disponible, más oferta y bajada de los precios, fue una ensoñación que aprovecharon especuladores y aguilillas para hacer negocio. Gracias al lápiz de muchos alcaldes, hábiles gerentes de urbanismo y promotores, grandes bolsas de suelo público y privado multiplicaron de la noche a la mañana su valor. Aparecieron urbanizaciones y campos de golf de la nada con un impacto ambiental imprevisto. El chalesito adosado como paradigma del bienestar.

Pasados los años, la respuesta normativa a tamaño desbarajuste fue el fortalecimiento de las competencias de las autonomás como responsables de la ordenación del territorio. En el caso de Andalucía, se establecieron durante la última decada duras y lógicas restricciones a las nuevas construcciones para ahuyentar el fantasma del urbanismo salvaje.

La reforma inminente de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) responde al inicio de un nuevo ciclo para el sector de la construcción sostenible del que el Campo de Gibraltar puede verse beneficiado. El compromiso asumido por la Junta de que la LOUA flexibilizará los usos de los suelos rústicos no urbanizables, bajo condiciones muy concretas y en proyectos de baja intensidad, abre una vía para el desarrollo de planes como el Distrito Equino (con 1.700 millones de inversión y 5.000 hectáreas en los términos municipales de San Roque, Jimena y Castellar) que lleva años paralizado y que representa una de las vías hacia las que deberíamos encaminarnos por su respeto al medio ambiente y su impacto en la creación de riqueza. Siempre y cuando no tropecemos en aquellas piedras del pasado.