Durante estos días de fiesta y poco descanso, algunos de mis amigos de fuera de la comarca me han preguntado con curiosidad sobre qué fue de aquello de la novena provincia. Les he respondido que, aun existiendo una larga lista de agravios comparativos que alimentaron el proyecto y razones de índole geográfica, histórica y cultural que distinguen al Campo de Gibraltar del resto de Cádiz, la novena provincia no vio la luz debido, entre otras cosas, a la ausencia de consenso entre los políticos de la época a la hora de esbozar una estrategia común medianamente sensata. Pasadas las décadas, el guion es el mismo: la deuda histórica de las administraciones central y andaluza con el Campo de Gibraltar continúa en aumento y el consenso sigue ausente de puertas adentro.

El amago de ruptura de San Roque con Arcgisa, la empresa pública de la Mancomunidad, representa el último ejemplo de hasta qué punto carecemos en la comarca de un proyecto compartido. Sin entrar a juzgar las razones que impulsan a unos y otros, está en juego la defensa de un modelo que ha garantizado hasta ahora que los ciudadanos del Campo de Gibraltar -excepción hecha de Algeciras, con tarifas y gestión privadas- paguen lo mismo por un servicio público esencial, como es el agua, con independencia de su lugar de residencia.

El alcalde de San Roque ha puesto precio a la permanencia de su municipio en el seno de Arcgisa con una rebaja en la tarifa para los primeros 20.000 m³ de agua consumida, lo que supondría una media de 8 euros menos en la factura trimestral que pagan los usuarios y en la que se incluyen otros conceptos, como cánones, la tasa de basura y la de saneamiento y depuración. Los Barrios viene reclamando una iniciativa similar desde hace seis años, aunque no ha llegado al extremo de fijar una fecha para su divorcio de la mancomunidad.

Es obvio que los regidores de San Roque (PSOE) y Los Barrios (PA) solo persiguen una mejora de las condiciones del servicio que reciben sus vecinos. Y a buen seguro que el de San Roque habrá echado sus cuentas antes de planear un desafío tan importante, pero no podemos perder la perspectiva de que una economía de escala obliga a buscar la eficiencia de los recursos disponibles, no a duplicarlos. Además, al igual que se ha recordado a los independentistas catalanes, tampoco hay que olvidar que no deben existir ventajas fiscales o de otro tipo para pueblos concretos porque ello va en detrimento de quienes menos recursos tienen. ¿Cuál sería en Arcgisa el impacto del adiós de San Roque? ¿La pérdida de ingresos por su salida se compensaría con la merma de los costes? ¿Cuánto tiempo tardarían el resto de consistorios en exigir una rebaja idéntica a la que pide San Roque, caso de que se le conceda? ¿En qué situación quedan los vecinos de Jimena, Castellar y Tarifa, donde el servicio es deficitario?

La experiencia de otros territorios demuestra que la ruptura del sistema público mancomunado suele traer a la larga un encarecimiento de los costes, un recorte de las inversiones para la mejora de las instalaciones y batallas sin cuartel en los tribunales de las que tan solo sacan provecho los bufetes de abogados especializados en lo contencioso-administrativo. El tiempo corre en contra, pero tanto la Mancomunidad como los siete ayuntamientos que la integran -y esto incluye a Algeciras- están obligados por el interés común a llegar a un consenso.

Feliz nuevo año.