Es tiempo de consenso. El Gobierno ha dado marcha atrás a la Lomce y a las pruebas de reválida tal y como le había pedido en bloque la oposición, ha subido el salario mínimo interprofesional de acuerdo con los socialistas, quiere negociar con Cataluña y el resto de comunidades un modelo de financiación más justo y se apresta a gravar fiscalmente las bebidas con alto contenido en azúcar tras escuchar las recomendaciones de las sociedades médicas, que alertan de los problemas de obesidad que genera su consumo, sobre todo en los niños. Parece llegado el final de la apisonadora y que se abre una ventana. A la fuerza ahorcan.

Hoy, en nuestras páginas interiores, damos cuenta de la perspectiva que ofrece uno de los colectivos más admirados por la sociedad y, sin embargo, más olvidados por las autoridades a la hora de atender sus demandas: el de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes, como en este caso, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que se juegan el pescuezo a diario frente a organizaciones criminales de la droga con recursos inimaginables para muchos de nosotros.

Lo hemos comprobado en la desembocadura del Guadarranque, donde la instalación de la narco-barrera con pivotes de hierro anclados al lecho del río se ve superada por los clanes con la utilización de grandes tractores que sacan las planeadoras del agua y las depositan al otro lado con total impunidad. Al menos dos de esos vehículos se han quedado atrapados en la arena en el periodo de unas pocas semanas, sorprendidos por la marea.

Los agentes reclaman en concreto la adopción de un modelo normativo similar al de Gibraltar para prohibir o, al menos, limitar la navegación de las planeadoras en el área del Estrecho. En las actuales circunstancias y con los medios existentes, poco pueden hacer frente a embarcaciones que vuelan sobre el mar a más de 100 km/h.

Merece la pena que nuestros representantes políticos mediten al respecto, presten atención a la propuesta y escuchen a quienes luchan en una de las "rutas calientes" del narcotráfico mundial. Es evidente que limitar el tráfico marítimo requiere de una precisión legislativa de bisturí a fin de salvaguardar los intereses de los propietarios de grandes embarcaciones a motor en estas aguas, pero no cabe duda de que es preciso cambiar el paso. Las sospechas de que el hachís figura entre las fuentes de financiación de grupos yihadistas es un motivo añadido para la preocupación.

P.D. Los agentes miran absortos unas fotos hechas por el detenido con su teléfono móvil. En la pantalla aparecen escenas de almuerzos familiares, risas y unos niños jugando al Monopoly. Con fajos de billetes de 500 euros en las manos. Billetes de curso legal.