El caso de la granadina Juana Rivas ilustra dolorosamente bien los desastres de una alianza desafortunada entre los erróneos consejos recibidos por una mujer que cree sufrir por serlo, la ideología de género que desencoja las relaciones de pareja como un problema simple de buenos y malos, la explotación mediatizada de un conflicto personal y los estragos de la corrección política. Que su desdicha pueda conducirla a la cárcel lo dice todo sobre el mal manejo de una desavenencia conyugal.

Posiblemente Juana tenga razón en su miedo a que el marido italiano con el que se había reconciliado después de haber sido condenado a tres meses de prisión por malos tratos sea una pésima influencia para los dos hijos de la pareja y no merezca disfrutar de la custodia de ambos. El problema es que ha convertido esa convicción suya en un hecho consumado. Se ha erigido en acusadora particular, fiscal, principal testigo y juez, todo al mismo tiempo. Ella ha decidido lo que no está en sus manos decidir. Por muy víctima que se sienta. Por mucho que quiera a sus hijos.

Juana Rivas volvió a convivir voluntariamente entre 2012 y 2016 en Italia con Francesco Arcuri, tras haber promovido su condena en 2009, y en ese tiempo tuvieron un segundo niño. En mayo de 2016 se vino a Maracena con sus dos hijos de vacaciones, pero dos meses después decidió que no aguantaba más y volvió a denunciarlo por malos tratos. Arcuri la denunció a su vez por secuestro de menores y todas las instancias judiciales competentes lo respaldaron. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial fueron rotundos: los niños tenían que volver al hogar familiar en Italia y ella no podía tomarse la Justicia por su mano. El Tribunal Constitucional no admitió siquiera a trámite los recursos de Juana.

No funciona así. Italia es un Estado democrático, que consagra la igualdad de hombre y mujer. Es allí donde Juana Rivas debió denunciar los supuestos malos tratos y solicitar la custodia de los hijos, en vez de traérselos por su cuenta vulnerando los derechos de su aún marido (por ejemplo, el derecho a juez predeterminado y el derecho a la presunción de inocencia). Lo incomprensible es que las asesoras de Juana la hayan catapultado hacia el callejón sin salida del desafío a las resoluciones de los tribunales y la hayan conducido a ponerse fuera de la ley. Y más incomprensible es que el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía hayan cruzado la línea roja de su única postura admisible: comprensión humana hacia esta mujer, pero respeto estricto a la Justicia y sus procedimientos.

Su responsabilidad es haber alentado y jaleado todo un montaje de solidaridad vecinal y demagogia patriotera basado en un feminismo mal entendido y tendencioso. Quizás Juana Rivas sea una víctima y deba ser defendida. Pero no es ella la que lo tiene que decidir. Ni sus asesoras.

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