Al sur del sur

Javier Chaparro

jchaparro@grupojoly.com

La españa de dos velocidades

Rajoy parece haberse dado cuenta al fin de que en Cataluña tiene un problema enquistado desde hace varios años por aquello del independentismo. Dicho y hecho, ha ido a Barcelona, ha sacado la chequera y ha preguntado: "¿A ver, cuánto vale resolver esto? ¿4.000 millones de euros en inversiones para infraestructuras? No, venga, 4.200 que hoy estoy generoso. Os conozco, la pela es la pela y todos quedamos así contentos: os pongo las vías del tren nuevas y en condiciones hasta vuestro puerto; a cambio, os relajáis con el tema del dichoso referéndum y os abstenéis en la aprobación de los Presupuestos de 2017". Este relato, por apresurado y jocoso que pueda parecer, es por sus consecuencias toda una carga de profundidad para los intereses de Andalucía y muy especialmente para el Campo de Gibraltar, además de dejar en evidencia el interés que la comarca despierta aún en determinados dirigentes del PP, como antes del PSOE, arriba de Despeñaperros. Reza el clásico que las leyes de los presupuestos generales del Estado son las más importantes de todas las que se debaten a lo largo del año porque de ellas depende la puesta en marcha de todas las demás y porque, de paso, miden de forma nítida la sensibilidad que tienen los gobiernos respecto a cada territorio.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, en su disposición adicional tercera, recogía que la inversión del Estado durante los cinco años siguientes sería equivalente al peso porcentual de la población andaluza respecto a la de España. Y eso fue así porque PSOE-A, PP-A y IULVCA, en una posición ratificada a posteriori por el Congreso de los Diputados, consideraron con buen criterio que el factor poblacional es el más equitativo a la hora de repartir los dineros públicos, por encima de otros más excluyentes como el del PIB (como recogió la derogada cláusula del Estatut catalán) y de otros que actúan como correctores de desequilibrios, como es el de la dispersión poblacional, la insularidad o el envejecimiento.

Dicha disposición estatutaria -anulada posteriormente de facto por el Tribunal Constitucional por el efecto dominó del derogado Estatut- permitió no obstante que nuestra comunidad recibiese durante un par de años inversiones análogas a su población, superando agravios históricos sobre el volumen del dinero público destinado a Andalucía. Para más señas, ahí están los informes publicados por este periódico a partir de los análisis de Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada de la Hispalense, en los que se demuestra que desde que existen fuentes estadísticas fiables el Estado ha consolidado a través de sus inversiones una España de dos velocidades. Ni más ni menos lo mismo que acaba de insinuar Rajoy para granjearse el aplauso del influyente empresariado catalán y de sus representantes políticos, aunque a costa de provocar un incendio en el resto de España.

El próximo martes, conoceremos el desglose de los Presupuestos Generales del Estado. Si las partidas para la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla y el desdoble de la carretera Algeciras-Vejer carecen de respaldo financiero no habrá bomberos suficientes en el PP para apagar las llamas. Y ojo con la estiba.

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