Recientemente los españoles hemos visto, sorprendidos, como en el Congreso de Diputados tres de los cuatro partidos de implantación nacional defendían con entusiasmo el llamado "cupo vasco", esto es, el donativo, que después de recaudar todos los impuestos, el País Vasco y Navarra ceden graciosamente a las arcas españolas en función de los servicios que les presta el estado. Se trata de un anacronismo tribal del siglo XIX que, aunque consagrado en la Constitución por la disposición adicional primera (a pesar de entrar en flagrante contradicción con sus artículos 14: "Los españoles son iguales ante la ley…" y 138: "Ninguna comunidad podrá gozar de ningún privilegio económico o social"), con el paso de los años ha demostrado ser un elemento profundamente perturbador al fomentar la desigualdad de los españoles en un asunto tan crucial como la financiación. Resulta entendible que el PNV y demás pequeños partidos situados en su misma órbita nacionalista, defiendan a capa y espada el tremendo privilegio que para sí obtienen con el Concierto Económico; sin embargo es como poco desconcertante ver como -con la alevosía del trámite de urgencia- los diputados del PP y del PSOE de Extremadura y Andalucía dan el beneplácito a una ley que obligará a que sus votantes, junto al resto de españoles, subvencionen en casi un 30% a las prósperas y modernas Vascongadas y Navarra mientras que sus respectivas regiones siguen figurando entre las más atrasadas de la CE. Cuando la "Y" ferroviaria vasca que conectará sus capitales con "Alta Velocidad" está próxima a ser una realidad, en Extremadura aún existen trenes que no llegan a los 20km/h, es decir, que podrían fácilmente exponer a sus viajeros al alcance de las flechas y los caballos de los sioux (en el utópico caso de que existiesen unos parientes extremeños de tan cinematográfica tribu de indios) y mientras que la red viaria de Euskadi es asimilable a la de Alemania, las carreteras provinciales y comarcales de Andalucía tienen tantas grietas y socavones que bien podrían promocionarse como el escenario ideal para películas de terremotos. Solo Albert Rivera se ha opuesto a lo que denomina "cuponazo", una suerte de generosa gratificación que "no responde a un cálculo técnico sino a un amaño político entre PP, PSOE y PNV". El líder de Ciudadanos cree -como la mayoría de españoles- que esta ley "trabaja por la desigualdad e incide en la insolidaridad territorial". En función de una entelequia (el hecho identitario) los españoles pergeñamos en la Transición el sistema de las autonomías, una división administrativa y política que, 40 años después, ha demostrado ser -para el ciudadano de a pie- injusta, desigual y extremadamente onerosa. Necesitamos más políticos como Rivera para poder desandar tan ruinoso camino y volver a construir un verdadero estado.