Hace un mes que el Ministerio de Fomento dio un paso decisivo en el proceso de liberalización de la estiba al difundir de manera reservada entre la patronal del sector el borrador del decreto-ley con el que pretende poner fin al monopolio que las sagep ejercen en los puertos de toda España y dar así cumplimiento a la sentencia dictada al respecto en 2014 por el Tribunal de Justicia de la UE. A grandes rasgos, según los empresarios, los costes de carga y descarga de los barcos en España se verían reducidos con dicha reforma en un 30%, con un alza del PIB de 2.400 millones de euros anuales. La propuesta normativa era y es necesaria, más aún cuando pesa sobre España una multa superior a los 21 millones de euros y se cierne la amenaza de otra de 134.000 euros diarios por su tardanza en aplicar dicha sentencia.

Cuestión aparte es el modus operandi del ministerio, sin apenas diálogo ni con los sindicatos ni con la oposición, lo que ha derivado en la convocatoria de paros a partir de la semana próxima y en la huida progresiva de empresas hacia atraques situados en países vecinos. Las pérdidas ocasionadas por la inestabilidad generada y la huelga de celo emprendida por los estibadores superan ya los cien millones de euros y la fuga de 45 buques, 25 de ellos del puerto de Algeciras.

Los sindicatos, que obviamente exigen garantías de empleo para quienes ya trabajan en los puertos, deben asumir y asumen que al final del proceso se van a dejar bastante pelos en la gatera con la entrada de nuevos operadores que van a hacer ajustes salariales, pero tienen motivos añadidos para preocuparse desde el momento y hora en que el decreto establece que las autoridades portuarias (a las que nadie, por cierto, ha preguntado su parecer) serán las responsables de sufragar los posibles "costes laborales" -es decir, despidos- que como consecuencia de su entrada en vigor puedan producirse. Si a eso se suma que la patronal también reclama ayuda pública para mantener las plantillas, la conclusión es que no solo no se está contribuyendo a solucionar un problema, sino a generar otro y a hacer descansar la solución -Voilà!- sobre el erario común y las espaldas de los trabajadores.

La guinda la puso el ministro De la Serna el Día de Andalucía -para más inri- al elogiar "el potencial enorme" del puerto luso de Sines y mostrarse partidario de acelerar por ello la inversión en infraestructuras ferroviarias con Portugal. De traca: No solo se actúa tarde y mal con la estiba creando un problema colosal sino que, además, se apuesta de forma pública por muelles foráneos.

La colección de primeras páginas que cuelgan de las paredes de Europa Sur es todo un muestrario de promesas incumplidas. "El eje ferroviario de Algeciras, declarado de interés en Europa". La fecha, 1 de febrero de 1994. Con gusto la remitiremos al ministerio, con acuse de recibo.