LA negativa del PSOE a adelantar la imprescindible renovación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) tras las elecciones locales de mayo ha llevado al Partido Popular a anunciar que acudirá a los tribunales para conseguirlo y, mientras tanto, a crear una coordinadora de alcaldes y presidentes de diputaciones que sustituya a este organismo, "secuestrado por aquellos que perdieron las elecciones". Por su parte, el presidente de la FAMP, el socialista Francisco Toscano, se ha reiterado en su decisión de convocar la asamblea constituyente en noviembre, como se ha hecho tradicionalmente, aunque los estatutos indican que ha de hacerse antes de la asamblea estatal (FEMP), ya anunciada para el día 23. La razón que esgrime Toscano para el aplazamiento es sólida: todavía no se han constituido las mancomunidades de municipios, agrupaciones que tienen derecho a adherirse a la Federación, al igual que los ayuntamientos y las corporaciones provinciales. Aunque el PP, que triunfó en todas las capitales de provincias y en casi todas las ciudades más pobladas de la comunidad, cree disponer de mayoría para hacerse con la presidencia de la FAMP, eso sólo podrá saberse a ciencia cierta cuando la asamblea constituyente pueda celebrarse con todos sus miembros de pleno derecho. Salvo que el PSOE intente una maniobra, por lo demás inútil, para aferrarse al control institucional de la FAMP unas cuantas semanas más, no parece descabellada la idea de agotar los plazos para que el organismo se dote de la máxima legitimidad y representatividad. El PP está en su derecho de acudir a los tribunales pidiendo amparo para su petición, pero la creación de un organismo paralelo como es la anunciada coordinadora, condenado a ser una correa de transmisión de las consignas de dicho partido, no ayuda a la consolidación de la FAMP, impugnada por una parte sustancial de sus miembros. En democracia no vale generar entes ajenos a las instituciones aceptadas por todos y situarse fuera del marco legal establecido.