Andamos preocupados por el futuro de las pensiones y no es de extrañar. Si el Gobierno continúa con su uso abusivo del Fondo de Reserva de las Pensiones lo agotará este mismo año. Nos habla de que no queda más remedio, de que es algo inevitable. Y es falso. Lo que el Gobierno está tomando es una opción política, que busca nuevamente diezmar lo público, asustar a la ciudadanía para que ésta -la que pueda- contrate un fondo privado de jubilación. El Gobierno tenía y tiene otras opciones que no son la esquilmación del Fondo de Reserva, otras posibilidades que incrementen los ingresos, tanto a través de las cotizaciones sociales como de los impuestos.

La opción política del Gobierno va en contra de la justicia. Parte de un supuesto injusto: adaptar el sistema de pensiones al nuevo modelo económico y social creado por el neoliberalismo, en lugar de transformar ese modelo para que dé respuestas a las necesidades de los más empobrecidos. La comunidad política está faltando a un deber básico de justicia como es el de garantizar una pensión digna a las personas mayores, a las que ya lo son hoy y a las que lo serán en un futuro. Y hay que decirlo con claridad, no es un problema de recursos sino de falta de justicia en la redistribución de los mismos.

Y es que la realización de los derechos del ser humano en el trabajo no puede constituir un derivado de los sistemas económicos guiados por el máximo beneficio. Los derechos del trabajador deben estar guiados también por la justicia social. Los derechos sociales deben estar garantizados por sí mismos y no pueden ser puestos en cuestión ni pueden dependen solo del empleo. Los recursos para financiar el sistema de pensiones no pueden provenir solo de las cotizaciones, sino también de un sistema fiscal más justo, donde pague más el que más tiene. Este sistema económico no sirve, ha fracasado y urge transformarlo en otro sistema más justo en el que las relaciones laborales se basen en un trabajo digno.

Si queremos crecer en justicia y solidaridad y no estar encerrados en la lógica perversa de una economía egoísta, basada en la acumulación de riquezas en manos de unos pocos. Si queremos tender al bien común, hace falta un cambio en profundidad, que oriente la acción política desde los más desfavorecidos, desde los que menos tienen. Hace falta en definitiva una nueva política capaz de construir un sistema económico donde la persona sea el centro.