Crónica personal

Fernando Lussón

Negro sobre blanco

Ala vuelta de las vacaciones veraniegas, convertidas en escasos días de descanso para los nuevos presidentes autonómicos salidos de las urnas el 22-M, todos se han encontrado encima de la mesa los papeles y documentos para preparar sus primeros presupuestos, que son la norma esencial en la que se plasma realmente los objetivos de la política que quieren desarrollar, y en la que deben explicar cómo piensan lograr la cuadratura del círculo de cumplir con el límite de gasto fijado por el Estado para las comunidades autónomas sin rebajar los servicios sociales, pero comienzan a verse gestos en algunos gobiernos regionales que indican que, efectivamente, estos servicios sí van a verse afectados. 

En Madrid, el primer recorte del gobierno continuista de Esperanza Aguirre ha sido en el sector educativo, donde 3.000 profesores interinos no verán renovados sus contratos, lo que supondrá un aumento de la carga lectiva para los que conservan la plaza, puesto que se verán obligados a dar dos horas de clase más, y demostración de cómo resulta imposible ahorrar sin que se resienta el empleo (público en este caso) o las condiciones de prestación del servicio. La consecuencia anunciada es la de un otoño caliente en el sector. 

Otro ejemplo significativo, y más ilustrativo si cabe, por cuanto se trata de la gestión de un nuevo Gobierno, es el de Castilla-La Mancha, que acaba de anunciar un nuevo recorte a los presupuestos autonómicos del 20% y que se ha estrenado con el conflicto de las farmacias que reclaman 125 millones de euros en deudas pendientes, y en el que, tras un primer intento de aplicar el principio de autoridad, parece imponerse la vía del diálogo para evitar el desabastecimiento de la población y la supervivencia de estos establecimientos sanitarios. 

Su presidenta, María Dolores de Cospedal, acaba de dar a conocer el Plan de Garantías de los Servicios Sociales "para que los que menos tienen no sufran los efectos de la crisis" y al mismo tiempo rebajar el déficit de casi el 5% en el que lo dejó su antecesor al 1,3% que marca la instrucción del Estado, y en el que se conjugan medidas de cara a la galería -venta de vehículos oficiales- con otras de mayor calado que afectan a la Educación y otras ya anunciadas de austeridad respecto a la congelación de la inversión en nuevas infraestructuras, costes de personal -Aguirre marca la pauta en la disminución de liberados sindicales-, y crecimiento cero del empleo público. 

En Extremadura, el nuevo Gobierno se acaba de dar de bruces con "la realidad de las cuentas" heredadas de los gestores salientes en las que no faltan artificios contables que elevan el déficit público hasta el 6%, una cifra que condicionará sus próximos presupuestos. Estos sustos son una de las causas de las dudas sobre la economía española.

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