El ministro de Hacienda ha llamado a la puerta del Ayuntamiento de Algeciras y no precisamente con un cargamento de turrón, sino para dar un fuerte tirón de orejas a sus responsables. El endeudamiento del Consistorio roza los 219 millones de euros, de los que 181 corresponden a deuda a largo plazo y más de 37 a proveedores. Montoro, en concreto, ha puesto el acento sobre esta última cifra, ya que aunque el plazo máximo de pago está fijado por ley en 30 días, el promedio en Algeciras rebasa los 400, un periodo que se vuelve insoportable para muchas pequeñas y medianas empresas. El ministro avisa: o el Consistorio se pone al corriente en sus pagos o lo intervendrá.

El gobierno municipal de Landaluce se escuda una y otra vez en el mantra de la herencia recibida, pero ese argumento apenas se sostiene después de casi siete años de mandatos con mayoría absoluta y si tenemos en cuenta que la deuda ha aumentado en 16 millones los dos últimos ejercicios. Además, otros alcaldes de la comarca también tuvieron como regalo de bienvenida montañas de facturas pendientes de pago -de Juárez en La Línea, de Alonso Rojas en Los Barrios o de Juan Andrés Gil en Tarifa- pero tan solo Algeciras figura hoy en la lista negra de Hacienda.

Tampoco aporta tranquilidad la ausencia de un plan de reducción de la deuda en un plazo de cinco años, tal y como ha solicitado el interventor municipal, o la huida hacia adelante exhibida por los mandatarios municipales en los últimos días ante los reproches justificados de la oposición. Que el alcalde algecireño asegure que antepone mantener los impuestos bajos (solo relativamente) a pagar sus compromisos con los proveedores es toda una invitación a estos últimos para que no contraten más con el Ayuntamiento o bien eleven sus tarifas para cobrarse por adelantado los intereses de demora. Menos aún puede presumir de tener los presupuestos más bajos de los últimos quince años: eso no es austeridad, sino el reconocimiento de su incapacidad para obtener ingresos. No es de recibo pintar en el aire una inversión de 600.000 euros para la pavimentación de calles con cargo a la recaudación por sanciones urbanísticas, cuando por ese mismo concepto logró apenas 3.300 euros en 2016, ni contar con empresas municipales en causa de disolución al no equilibrar ni de lejos sus cuentas.

El Gobierno de la nación, que tanta trascendencia otorga a la reforma de la financiación autonómica -no en balde, dependen de ella la sanidad y la educación públicas- ha dado de lado a los ayuntamientos y al cúmulo de competencias que han asumido como administraciones más cercanas a los vecinos, pero eso no quita que, a poco más de un año de las elecciones municipales, Landaluce deba abrir los ojos a la realidad y deje de culpar a otros de sus errores.