Si algo puede calificarse de modélico en la Transición española fue la manera tan civilizada y sosegada (impropia del carácter español) en que se logró superar el peliagudo asunto de la Guerra Civil que en 1936 dividió a España en dos bandos y provocó no menos de 600.000 muertos. Aquella ejemplar reconciliación, imprescindible para la homologación de nuestro país con las democracias occidentales, se ha ido desafortunadamente agrietando con el paso de los años por mor de la radicalización de las fuerzas de izquierda en su pretensión de recuperar con sentimientos y emociones el terreno perdido con la razón. Zapatero promulgó la Ley de Memoria Histórica con la idea de poder encubrir su desatinada gestión gubernamental devolviendo a la actualidad viejos agravios y rencillas que, aunque solo fuese por el tiempo transcurrido, dormían ya el sueño de los justos. Si como todo parece indicar, las actuales expectativas políticas del PSOE son aún peores que en tiempos de ZP, no es de extrañar que sus sucesores tan faltos de ideas como de escrúpulos, hayan decidido de manera desesperada dar otra vuelta de tuerca a la Memoria Histórica proponiendo su reforma con la denominada 'Comisión de la Verdad'. Resulta toda una ironía (además de una demostración de sus escasas lecturas) que la gente del PSOE haya elegido precisamente el nombre que George Orwell le dio en la novela '1984' (una de las más feroces críticas contra el comunismo jamás escritas) a uno de sus Ministerios y, lo que es más inquietante, también han copiado sus funciones: "Manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia, mantenida por el Estado". Orwell participó en la Guerra Civil española en el bando republicano, y refiere que su experiencia en nuestra contienda le sirvió para que cada línea suya escrita a partir de 1936 fuese un alegato contra los totalitarismos. Este nuevo organismo tan genuinamente orwelliano pretende sustituir el trabajo de los historiadores por el criterio de una comisión elegida por políticos que propiciará la destrucción de todo material histórico -libros y documentos incluidos- que no concuerden con la versión izquierdista de la Guerra Civil y tendrá facultades para considerar delitos de opinión (que podrán ser sancionados con pena de cárcel de dos a cuatro años) cualquier justificación del franquismo o el más mínimo enaltecimiento de sus logros (Seguridad Social, pensiones, vacaciones pagadas…). Apoyándose en el "genocidio educativo" que ha tenido lugar en España en los últimos 25 años, la izquierda quiere imponer como cierto el desvarío histórico de equiparar a Franco con Hitler en cuanto a su condición de genocida para acabar con la única característica democrática que aún -y a duras penas- se mantiene en vigor en nuestro sistema político: la libertad de expresión.