Afalta de conocer la literalidad del añadido que abrirá una vía de agua de carga neoliberal en el casco constitucional, sorprende la actitud complaciente de todo el conglomerado de barones, familias, diputados y corrientes de opinión que sustenta el PSOE. Aunque sólo sea en términos estadísticos es imposible que una iniciativa tan trascendente sea acogida con un silencio tan estremecedor como el que representan los 319 votos a favor de diputados socialistas y populares que respaldaron la tramitación en el Congreso. Cada día parece más evidente que en el PSOE, para establecer las diferencias entre el presidente que se va y el pretendiente que llega, entre la política de los últimos tres años y la que promete ahora como señuelo electoral el candidato, es menester un cierto traumatismo. No sé, un pataleo, una disensión, un pescuezo menos. Sin ese necesario desgarro Rubalcaba jamás podrá probar que representa otra cosa distinta que la continuidad de una política que ha consumado el fracaso de la socialdemocracia. Tras una primera reacción ligeramente audaz de algún descontento, la intervención del candidato ha ahogado las voces perplejas de esa parte residual donde caló el descontento.

Las explicaciones de compromiso dadas por el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, no convencen a nadie. Ni siquiera, por lo que pudimos intuir, a sí mismo. Es imposible que alguien pueda creer que la reforma de la Carta Magna, como aseguró Alonso, va a "repercutir positivamente sobre nuestro modelo económico y social". El espíritu que subyace en el cambio (por más ambiguo que sea, o precisamente por eso, por su inconcreción y por fiar su desarrollo a una ley orgánica que aprobará previsiblemente Rajoy tras el 20-N) es el que representa el plan de recortes que está ensayando en Castilla-La Mancha Dolores de Cospedal y que Rajoy se encargará de extender al país, una vez reprimidas con la nueva Constitución en la mano las disidencias de la comunidades: golpe a la enseñanza y a los enseñantes, con las restricciones en Primaria y Secundaria; al movimiento sindical, con la reducción de liberados; al empleo público, con la exclusión del 40% de los puestos eventuales y la eliminación de 19 empresas públicas; a las garantías jurídicas, con la eliminación del Defensor del Pueblo, y en pro, por supuesto, de la privatización (desmembración, mejor) del patrimonio público.

Y por si fuera poco un último detalle: la vocación de perennidad de las medidas de reducción del déficit. No se trata, como nos habían sugerido, de sacrificios coyunturales, sino de inmolaciones que desde ahora tendrán carácter de principio fundamental de Estado.