LA depauperada situación en que se encuentran las arcas de numerosos ayuntamientos andaluces se ha visto aún más ensombrecida por el riesgo real que padecen de perder su porcentaje legal de los ingresos del Estado, que supone más del 20% del presupuesto anual. Ello abocaría a algunos a dejar de pagar las nóminas de sus empleados y a los suministradores de los servicios más elementales. Al colapso, en definitiva. El origen inmediato de este problema dramático es la Ley de Economía Sostenible que, justificadamente, obliga a los ayuntamientos a remitir al Ministerio de Economía la liquidación de sus presupuestos del año anterior como requisito para recibir lo que les corresponde como participación en los ingresos del Estado. La prórroga del plazo previsto para la liquidación, que pasó del primer trimestre hasta el 31 de julio pasado, ha resultado insuficiente. Hasta el pasado jueves había 170 municipios andaluces que no habían podido satisfacer el cumplimiento de esta obligación legal. En unos casos el retraso se debe a la dejadez de los munícipes, pero en otros cabe atribuirlo al cambio de los equipos de gobierno locales operado por las elecciones de mayo, a fallos informáticos o a la carencia de personal técnico capacitado para presentar la liquidación presupuestaria. Sea como fuere, se impone una nueva prórroga a fin de que los ayuntamientos rezagados no se vean privados de recursos que son esenciales para el mantenimiento de los servicios a sus vecinos y agraven aún más su situación, próxima a la quiebra. Así lo ha solicitado el actual presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. Naturalmente, se trata de una salida puramente coyuntural. El problema de fondo sigue siendo la articulación de un modelo estable de financiación de las corporaciones municipales, que dé seguridad a los ayuntamientos y que tampoco se entendería sin un compromiso firme por su parte de sanear sus cuentas y apostar decididamente por la austeridad. Habituados a los tiempos de la pujante actividad inmobiliaria y los ingresos derivados de una economía en alza, muchos alcaldes y concejales se resisten a adaptarse a los nuevos tiempos. Se necesita una nueva selección de prioridades, menos alegría en el gasto y más control del déficit y la deuda. Pero el Estado debe ayudar en esta coyuntura de gravedad indudable.