Alto y claro

José Antonio Carrizosa

jacarrizosa@grupojoly.com

Estrella amarilla

Vivimos en el imperio de la sospecha y ponemos todos los días en cuestión los principios del Estado de Derecho

Hace justo una semana este periódico organizó un foro con el ex presidente del Gobierno, Felipe González. Para algunos medios, quizás también para algunos de los asistentes, más que lo que se pudiera decir allí lo que interesaba era captar la imagen de dos estigmatizados de la política, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, compartiendo mesa y quién sabe si algún gesto de complicidad con la actual presidenta y probable futura líder nacional de los socialistas, Susana Díaz. Tanto Chaves como Griñán habían acudido en su calidad de antiguos ministros y amigos personales desde hace décadas de González. Pero los dos desde hace tiempo tienen que medir al máximo sus apariciones públicas. Como les pasaba a los judíos en los territorios conquistados por los nazis, les ha sido colocada una estrella amarilla bien visible para que se vea su condición de condenados, antes de que ningún juez haya dictado sentencia, y para que se sepa que son zombis civiles cuya sola aparición junto a un líder en activo puede ser trasladada a la opinión pública como algo sospechoso.

Ayer otra portadora de la estrella amarilla, otra estigmatizada de la política, la senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, caía fulminada por un infarto en la soledad de un hotel de Madrid. Muy pocos días antes había declarado en el Supremo por los turbios asuntos que rodean desde hace años al Partido Popular valenciano. Lo último que creo haber escuchado sobre ella se lo oí a principios de semana a uno de los jóvenes cachorros con los que Rajoy quiere limpiar la imagen deteriorada de su partido. Venía a decir, poco más o menos, que Barberá no tenía nada que ver ya con la formación en la que había militado por casi cuarenta años y para la que había hecho lo que la llevaba al paseíllo judicial. Era tratada como una apestada con la que había que marcar cuanta más distancias mejor.

La actitud indigna que ayer adoptaron los diputados de Podemos en el Congreso tiene mucho que ver con este estado de cosas. Vivimos en el imperio de la sospecha. Cualquier indicio que investigue un juez equivale a una condena firme que se castiga con la humillación pública y con el vacío social. Hemos destrozado -en este hemos incluyo la responsabilidad de los medios de comunicación- la presunción de inocencia y ponemos todos los días en cuestión principios básicos del Estado de Derecho. No dudo que la política, o cierta política, se lo ha ganado a pulso. Pero la criminalización de lo público nos ha llevado ya a una situación que debería provocar, por lo menos, vergüenza.

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