EL Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Socialista para pedir que el Estado delegue en la Junta de Andalucía las competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir. Se trata así de superar la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo del Estatuto de Autonomía que exigía para esta comunidad autónoma la transferencia de las competencias sobre el río. La vía elegida, la delegación de competencias estatales a una comunidad prevista en el artículo 150 de la Constitución, no deja de plantear problemas para satisfacer esta reivindicación andaluza, rechazada por regantes, ecologistas y funcionarios. Estos sectores subrayan el dictamen impecable del TC en el sentido de que todas las cuencas de ríos que atraviesen más de una comunidad autónoma corresponden en exclusiva al Estado. En eso se basó la Junta de Extremadura para recurrir ante el Constitucional, que le dio la razón. Por eso es discutible que la delegación de competencias sea la salida correcta, ya que tanto Extremadura como Murcia y Castilla-La Mancha es seguro que volverán a oponerse a la iniciativa, apelando nuevamente a la doctrina constitucional. En realidad, la idea planteada por el PSOE andaluz, y respaldada por el PP e IU, más bien parece encaminada a preparar un conflicto con el futuro Gobierno de la nación, presumiblemente dirigido por Rajoy, que se opondrá igualmente al intento. De hecho, esta proposición llega cuando las actuales Cortes están a punto de disolverse y habrán de ser las nuevas mayorías surgidas del 20-N las que decidan en último término. Creemos que una solución más racional sería la exigencia de que en el organismo que gobierne la cuenca del Guadalquivir en el futuro, con la lógica mayoría de representantes de la Administración central, haya una fuerte presencia de Andalucía, acorde con la condición esencialmente andaluza del río.