La Junta de Andalucía ha tenido que dar marcha atrás en la reordenación hospitalaria que había perpetrado en Granada, y digo perpetrado con toda intención. No es que el consejero del ramo, Aquilino Alonso, haya consumado un delito, pero sí una falta política grave. Tan grave que se ha colocado en la primera fila de consejeros relevables en cuanto haya cambio de Gobierno, lo que sucederá antes de acabar la legislatura.

La gravedad viene de varios factores. Uno, que Alonso ha tenido que recular, sentarse a negociar sin intermediarios con un líder ciudadano -el ya famoso doctor Spiriman- salido de la masiva protesta callejera y paralizar el traslado del Hospital Materno Infantil y, en general, todo el plan de reorganización de la asistencia hospitalaria en la ciudad. Ha sido una derrota ante la calle. Dos, que la falta política del consejero Alonso no ha afectado a una materia cualquiera, sino a la joya de la gestión socialista en la Junta, junto a la educación pero por encima de la educación. Arrimar a los recortes maquillados de estos últimos años -un dato objetivo: seguimos estando en la cola del gasto sanitario por habitante entre las comunidades autónomas- la espoleta de una reorganización percibida por los usuarios como una pérdida de prestaciones incita a cuestionar la calidad del servicio más esencial de cuantos presta el Gobierno andaluz. Atribuir las movilizaciones al oscuro propósito de la oposición política de resquebrajar la sanidad pública y favorecer al capital privado supone, por otra parte, admitir que no se tienen argumentos de peso, además de asignar al PP y Podemos una influencia social de la que carecen completamente.

Y, tres, la pésima gestión de esta crisis por el consejero de Salud revela un modo de conducta política basado en la prepotencia y el desdén hacia los ciudadanos. Lo ha reconocido el propio Aquilino Alonso al admitir que sus planes de reorganización no han dado respuesta a las demandas de pacientes y profesionales sanitarios. O sea, que han sido elaborados e implantados por los gestores del SAS sin contar con nadie, aunque animados por los mejores deseos y reconfortados por sus superiores conocimientos.

Esto tiene un nombre: despotismo ilustrado. Un gran bien para los pueblos en el siglo XVIII y una política impracticable en el siglo XXI. José Manuel Aranda, gerente del SAS, no puede actuar como el conde de Aranda, gran reformador de los Borbones.

PARA escribir de la serie sueco-danesa El puente, estaba esperando a terminar de ver al menos la primera temporada, que muchos de ustedes quizá ya conozcan, pues se estrenó en 2011. Si el final no me la desbarata, hay una reflexión interesantísima que hacer. La serie es una versión escandinava de Seven (David Fincer, 1995), en la que el criminal, erigido en justiciero, castiga con despiadados crímenes los pecados capitales, claro que según la tabla, en este caso, de los mandamientos de la fe socialdemócrata. Así arremete contra los privilegiados y poderosos, contra los recortes, contra la xenofobia... Todo conforme con el paraíso nórdico, con sus valores nuevos, sus prejuicios, sus penitencias y su infierno.

Por ahora, voy por la mitad, y a ver cómo acaba. El otro atractivo de la serie no depende ya del desenlace de la temporada. Es la relación entre los dos detectives, una sueca y otro danés. Si me pusiera pretencioso, diría que hay un eco de la relación entre don Quijote (ella) y Sancho Panza (él); aunque, si me pusiese chocarrero, la relación recuerda la de Los ocho apellidos vascos, sacándole jugo a las diferencias culturales entre suecos (norte) y daneses (¡sur!, increíblemente, que todo es relativo). En cualquier caso, la relación entre la rigurosa y fría sueca y el simpático y marrullero danés da mucho juego. Es lo que me ha traído hoy al artículo.

Se toca uno de los temas candentes de nuestro tiempo. La policía sueca, Saga Norén, está obsesionada, entre otras cosas, por el cumplimiento estricto de las leyes, pero a la vez (¿quizá en relación de causa-efecto?) muestra una absoluta incapacidad sentimental y una ceguera para las reglas no escritas de las relaciones sociales, del compañerismo, de la amistad y, finalmente, de la moral no legalizada. El caso del danés Martin Rohde es el contrario.

Si yo fuese profesor de ética o de política, estudiaría este aspecto de la serie, pues muestra la cruda actualidad de este conflicto, su complejidad practica y propone, quizá, que la única solución es un equilibrio prudencial, equitativo, cada vez más inalcanzable, y no esta multiplicación de las penas y las leyes. Lo advirtió explícitamente Tácito: "Corruptissima re publica plurimae leges". Y Donoso Cortés había avisado de que los desfallecimientos morales se compensan con más vigilancia policial. En Dinamarca y en Suecia lo notan, y nosotros no andamos nada lejos.