NO hay indicador más a mano de las podredumbres que trae el ejercicio prolongado del poder que la sucesión de escándalos que aquejan a la Consejería de Empleo de la Junta. Treinta años ininterrumpidos de mando, aunque sean legitimados por las urnas, acarrean estas consecuencias.

Está el fraude de los expedientes de regulación de empleo, que es el más grave y de mayor entidad política por haberse gestionado con la complicidad evidente de cargo o cargos del Gobierno andaluz, que desviaron dinero público a familiares, amigos y militantes socialistas disfrazados de jubilados. Pero está también el caso de las ayudas a la contratación procedentes del Fondo Social Europeo, el de las subvenciones a la creación y mantenimiento de empleo y el de los fondos destinados a incentivar a empresas que emplean a discapacitados.

Los cuatro están siendo investigados por jueces y fiscales -es decir, han superado el listón de las denuncias de prensa, con frecuencia ninguneadas por el poder- y los cuatro afectan a un mismo departamento de la Administración autonómica: la Consejería de Empleo, dotada de un sustancioso presupuesto y llamada a combatir el paro como problema número uno de la sociedad andaluza. Lógicamente, esto no es casual. Precisamente porque Empleo tiene una vocación social innegable y porque maneja un amplio fondo de ayudas y subvenciones es por lo que esta consejería se coloca en el centro de la diana. Es en ella o en su entorno donde la tentación del abuso se hace más intensa y las posibilidades de cometerlo más amplias y constantes.

Acorde con la filosofía de la socialdemocracia, ahora arrumbada, y al abrigo del ciclo alcista de la economía, el PSOE andaluz ha prestado menos atención a asentar una economía competitiva, sólida y sostenible que a socorrer a empresas en crisis y proteger a sus trabajadores, sobre todo en periodos preelectorales. Aparte de que esta política, socialmente rentable y pacificadora, ha resultado ser pan para hoy y hambre para mañana, ha consolidado una cultura de la subvención, el subsidio y la paguita, que ha terminado haciendo estragos. La misma cultura que, llevada al extremo, hace que muchos recurran a vías irregulares para sacar provecho del sistema proteccionista y asistencial que se ha montado. Provecho más allá de la ley, se entiende.

Estas vías se abren y desarrollan, insisto, no por una supuesta maldad intrínseca de los responsables de un partido político o los seguidores de una ideología concreta, sino por la atmósfera de descontrol e impunidad que se genera en cualquier formación política que se perpetúa en los sillones y, por eso mismo, atrae a los indeseables.