Apariencias de parcialidad

Las mismas razones que impiden a Izquierdo juzgar los ERE, invalidan al ministro de Justicia y al fiscal general

Tras la política y la Banca, la onda expansiva de la desconfianza y el descrédito ha llegado a la Justicia. Aunque esta semana una decisión de la Audiencia de Sevilla, de puro sentido común, trae una leve esperanza. El magistrado que debía juzgar a los ex presidentes Chaves y Griñán, y a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política de los ERE, ha sido apartado del caso por la Audiencia de Sevilla. Fue secretario general de Justicia en el Gobierno regional durante seis años, con ambos mandatarios, y no parecía lógico que juzgara a sus antiguos jefes. El principio aplicado es que no sólo se debe ser imparcial, sino también parecerlo. Tampoco convenía a los procesados que una eventual sentencia absolutoria fuese puesta en cuestión. El mismo juez Izquierdo debería haberse abstenido, aunque el encargo le llegase por sorteo…

El problema es que no cunde el ejemplo. La misma sospecha razonable de parcialidad le costó el puesto al ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en febrero de 2009, porque coincidió en una cacería en Jaén con el juez Garzón en el inicio de la instrucción del caso Gürtel. Recuérdese que por aquel entonces Gürtel no era todavía ni siquiera "una trama contra el PP", como dijo Rajoy un poco más tarde, sino "el complot de un Estado policial", en la desafortunada definición de Cospedal, durante sus vacaciones de aquel verano en Marbella.

En las últimas semanas hemos presenciado una lluvia de casos de apariencia de parcialidad en el mundo de la Justicia. Desgraciadamente, sin la misma sabia solución que se le ha dado al papel del juez Izquierdo en el juicio sobre los ERE. Un ministro de Justicia que cambia a la fiscal general del Estado, porque se negaba a nombrar los fiscales jefe que quería el Gobierno al frente de Anticorrupción y Audiencia Nacional. Un fiscal general que coloca a los favoritos del ministro, que resultan ser los mismos que deseaba la Familia González, encausada en el caso Lezo. El jefe Anticorrupción que filtra a un secretario de Estado que lo investiga su Fiscalía. Un secretario de Estado que recibe a un miembro de la Familia González, que sale encantado de la reunión.

Todas estas apariencias de parcialidad invalidan al ministro, al fiscal general y al jefe Anticorrupción, de la misma manera que obligan a abstenerse al juez Izquierdo. La permanencia en el cargo de los tres aumenta la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Y aumenta la onda expansiva del descrédito de la Justicia.

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