Opinión

manuel morón

No hacían falta tantas alforjas

El reciente Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de los servicios portuarios, establece en su Artículo 9. Mantenimiento de los derechos de los trabajadores, punto 3, que "en caso de cambio de prestador de servicios portuarios… la autoridad competente podrá exigir que el nuevo prestador de servicios portuarios designado se sustituya en aquellos derechos y obligaciones del anterior prestador…". Y más adelante, en el punto 4 de ese mismo artículo, se regula que "si… se produce un traspaso de personal… se incluirá la lista del personal afectado…"

Aunque los servicios de manipulación de mercancías quedaron excluidos de este Reglamento comunitario -Europa no se ha atrevido a legislar sobre la estiba, ni en este Reglamento ni en los dos intentos fallidos de Directivas comunitarias anteriores- lo transcrito pone claramente de manifiesto que la subrogación y el registro de trabajadores no son contrarios a la legislación europea.

En el Real Decreto-Ley de la estiba, convalidado en el Parlamento hace unos días, y en el Proyecto de Real Decreto que lo desarrollará -su borrador se dio a conocer a la opinión pública escasas horas antes de la sesión parlamentaria- se ha optado por no exigir la subrogación ni el registro de los trabajadores afectados. Era la principal demanda de los trabajadores y la que hubiese evitado los conflictos en los puertos, pero el Gobierno, amparado en supuestas líneas rojas de la Comisión Europea, ha preferido, en vez de exigir la subrogación, establecer simplemente que "las empresas… se podrán subrogar como empleadoras de los trabajadores de las SAGEP" ¿Alguien puede, de verdad, opinar que haya valido la pena tanta bronca para tan manifiesta obviedad?

Ahora volvemos a la casilla de salida, donde de nuevo se verán las caras empresarios y sindicatos. Primero deberán ambos curar las heridas sufridas durante la contienda: los empresarios, por las pérdidas económicas derivadas de los anuncios de huelga y la bajada de rendimientos; los trabajadores, por la ignominiosa campaña de desprestigio orquestada contra ellos. Cuando las heridas estén restañadas y recompuesta la confianza mutua, deberán sentarse a negociar, sin presiones y con el convencimiento de que lo mejor para ambos, para los puertos y para la economía del país es alcanzar un acuerdo. A semejanza de lo que, al parecer, ha ocurrido en un caso similar con los estibadores belgas, con la diferencia de que allí han tenido la suerte de contar con la complicidad de su Gobierno.

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